Mayelin Acosta Guzmán
La Unión Nacional de Trabajadores de Zonas Francas (Unatrazonas)  y la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) se sumaron al alto empresariado de Santiago. El empresariado regional denunció  que abogados y buscones en el área laboral están provocando la quiebra de empresas pequeñas y medianas y, por lo tanto, la pérdida de miles de empleos para el país.

Carlos Guillen, secretario general de Unatrazonas dijo que esas oficinas se dedican a comprar casos de despidos y desahucios a  ex empleados para  luego interponer demandas en los tribunales  por millones de pesos, recursos que no llegan a las manos del trabajador.

“Si a las empresas que tienen casos en los tribunales se los fallan en contra van a tener que cerrar, porque no tienen posibilidad de pagar estos casos. Y ya esos trabajadores recibieron chelitos que le dieron la oficina de abogado por esos casos, y ese dinero va a los bolsillos de cuatro o cinco oficinas de abogados”, dijo Gabriel Del Río, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia y a la secretaría de Trabajo  contribuir a resolver la situación. Apoyaron así las denuncias de la Asociación  de Zonas Francas (Adozona) en Santiago.