La Procuraduría General de la República reconoció hoy que los fiscales Pedro Núñez Jiménez y Margarita Hernández Morales, actuante en el proceso contra Yasmil Oscar Fernández, quien provocó la muerte a su expareja Anibel González, violaron dos instrucciones sobre el Acuerdo Pleno y Parcial al que arribaron para poner en libertad al agresor.

Las conclusiones se desprenden de las investigaciones hasta ahora realizada por la Procuraduría, la cual señala que los mencionados fiscales violaron, en primer lugar, los lineamientos puestos en marcha por el procurador Jean Alain Rodríguez para la investigación y persecución eficaz de los casos relacionados a la violencia de género.

También señala que violaron lo establecido en el memorándum de fecha 28 de febrero del año 2017, donde les instruye a los fiscales titulares que los acuerdos, tanto plenos como parciales, previo a su ejecución, deben ser notificados y autorizados por escrito por el director general de Persecución del Ministerio Público.

«Los acuerdos plenos y parciales en un proceso penal y específicamente en caso de violencia de género agravada, están sujetos a ser comunicados previamente al director nacional de persecución y autorizados por este funcionario de la Procuraduría General de la República», reseña el comunicado de prensa.

En torno al acuerdo al que se arribó en el caso del señor Yasmil Oscar Fernández, precisó que en fecha 06 de febrero del año 2019, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, homologó el Acuerdo Parcial suscrito entre el imputado Yasmil Oscar Fernández y la representante del Ministerio Público y encargada de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández.

Indicó que tan pronto las autoridades superiores del Ministerio Público tomaron conocimiento de dicho acuerdo homologado por el tribunal, el director de persecución , magistrado Fernando Quezada, envía el 11 de febrero del mismo año un memorándum al fiscal titular de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez, quien es el superior inmediato de la magistrada Margarita Hernández, solicitándole realizar una investigación sobre ese proceso penal, advirtiéndole que ese despacho desconoce quién autorizó dicho acuerdo, violatorio de las instrucciones generales dictadas por el procurador general de la República.

Resaltó que posteriormente, como parte del proceso de investigación, fueron llamados al despacho del director de persecución, en varias ocasiones, tanto el fiscal titular como las magistradas Hernández y Luz Aurora Almonte, ésta última quien a requerimiento del director de persecución, Fernando Quezada, envía el 28 de febrero de 2019, un informe sobre el caso, que es el informe solicitado y entregado que circula en las redes sociales y medios de comunicación.

“Es importante señalar, que cuando las autoridades superiores del Ministerio Público tienen conocimiento de dicho acuerdo, es ya un acuerdo homologado por un juez y de acuerdo a la norma procesal, la única vía que tenía el Ministerio Público actuante era solicitar la revocación del mismo por ante el Juez de la Ejecución de la Pena, siempre que tuviera información y evidencias de que el imputado estaba incumpliendo con lo acordado en dicho acuerdo”, señala el comunicado de prensa.

La Procuraduría explicó en ese sentido, que en estos momentos la Inspectoría del Ministerio Público profundiza las investigaciones de este caso y dijo que una de las cosas que espera determinar en esta investigación es si el Ministerio Público actuante contaba con esas evidencias para poder solicitar su revocación y, si aun teniéndolas, no procedió con las diligencias de lugar.

Afirmó que trabajan para esclarecer los hechos y expresó que habrá consecuencias de determinarse durante la investigación que en este caso se ha incurrido en actuaciones que riñen con la ley.