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El Ministerio Público continúa este lunes con la lectura de la acusación que pesa en contra de Alexis Medina Sánchez y los demás imputados de incurrir en corrupción administrativa en el expediente acusatorio del caso Antipulpo.
Entre las pruebas que presentó el MP para sustentar la acusación de que Alexis Medina habría desfalcado al Estado con RD$4,796 millones practicando el tráfico de influencia durante los gobiernos de su hermano Danilo Medina, figura una certificación del Instituto de Aviación Civil (IDAC) que indica que dos aeronaves utilizadas por el imputado no poseían permiso para su circulación en el país.
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La certificación firmada por el director ejecutivo del IDAC, Ramón E. Caamaño, dice que la aeronave matrícula norteamericana N430VP, modelo 430, está registrada a nombre de Aerocorp Inc, con domicilio en 4730 S Fort Apache RD STE 300, Nevada, Vegas, Estados Unidos,
Indica que tuvo permiso de circulación nacional solicitado por Rafael Hernández Parra, quien la arrendó al propietario registrado en los Estados Unidos, Dorado Aviation. Ese permiso venció el 2 de abril del 2020.
La otra es matrícula N399KA Modelo AS 350 B3, estuvo registrada a nombre de Dorado Aviation Inc, con domicilio en 220 S Dixie HWY, Boca Ratón. Según la certificación del IDAC, en los registros de la Administración Federal de la Aviación de los Estados Unidos de América (FAA) consta que esta aeronave “se encuentra sin registro desde el 16-07-2019, por motivo de exportación hacia Australia”.
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La certificación del IDAC tiene anexa una página con el registro de las operaciones realizadas en el país, por ambas aeronaves, con todo lo cual el MP dijo “probamos la propiedad, existencia, estatus e historial de la aeronave, la cual era utilizada por el acusado Juan Alexis Medina Sánchez.
Además de Juan Alexis Medina Sánchez, el proceso por corrupción administrativa también se sigue contra la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper, Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la cual contiene unas 3,445 páginas, también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
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Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
