La caída de una avioneta en Tireo, Constanza, en septiembre del 2012 destapó uno de los casos de narcotráfico más sonoro de los últimos tiempos en el país. A casi cinco años de iniciado el proceso judicial en el que se acusa a doce personas, entre estos extranjeros, el denominado caso Caribair o Avioneta parece diluirse en los tribunales a raíz de los incesantes aplazamientos.
En octubre del 2012 un juez impuso medida de coerción contra empresarios, militares y el propietario de una aerolínea, y tras dos años en etapa preliminar, en agosto del 2014 fueron enviados a juicio de fondo. Pero con cerca de 20 audiencias en este tramo, el Ministerio Público no ha dado lectura a la acusación.

El caso. Se vincula al ejecutivo de la aerolínea Caribair Rafael Rosado Fermín y al comerciante santiaguero Sergio Gómez Díaz.
El Ministerio Público los acusa de pertenecer a una red internacional de tráfico de sustancias ilícitas que adquiría avionetas y se le alteraba la capacidad de vuelo.
También figuran en el expediente Cristian Suárez, Henry Valdez, Víctor Sánchez Portes, el venezolano José Luis Veras; el teniente coronel del Ejército Juan Ramón Rosado Pérez; el sargento mayor del Ejército José Cleto Ortiz; los pilotos José Vicente Figueroa y Guillermo Pérez; y los estadounidenses Daimón Pérez y Alberto Laureano.

Estancado. Al revisar las actas de levantamiento de las audiencias que reposan en el Cuarto Tribunal Colegiado, es una la constante, la ausencia de los imputados ha causado la suspensión de las vistas y la declaración de rebeldía de algún imputado.
Asignación de abogado defensor público figura también entre las razones que han motivado los reenvíos.
En las últimas audiencias los aplazamientos han sido causados por el estado de salud del imputado Guillermo Pérez, a quien se le atribuye ser el testaferro de la red, que tenía a su nombre un avión.
Según una nota médica que reposa en el tribunal, este sufre de insuficiencia renal crónica por diabetes mellitus e hipertensión arterial, y desde julio del 2016 se ha suspendido la audiencia para dar oportunidad a que este esté presente.
El hecho de que al ser enviados a fondo se le variara la medida de coerción de prisión por presentación periódica, ha limitado el éxito de las audiencias que va de aplazamiento en aplazamiento, según contó al HOY un empleado judicial.

Los retrasos o las moras perjudican a los que como José Vicente Figueroa se aseguran inocentes, y hasta que se demuestre lo contrario lo son.
En noviembre pasado solicitó el levantamiento del impedimento de salida, alegando que siendo su profesión piloto, no puede trabajar con esa traba. Su defensa alega que ha asistido mes por mes a las audiencias y que los casi cinco años del proceso aún tiene medida de coerción.
La nueva audiencia está fijada para el 30 de este mes. En la causa anterior, del 20 de febrero, se decretó la rebeldía de José Luis Vera, quien también fue declarado en igual condición en marzo y septiembre del 2015, generando en consecuencia aplazamientos.
En principio los reenvíos eran hasta de tres meses.