El proceso contra la exjueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero Francisco Arias Valera, supuestos cabecillas de una estructura que a lo interno del Poder Judicial se dedicaba “a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado” se ha quedado suspendido en el tiempo.
A casi cuatro años de su sometimiento, el caso no ha pasado de la fase de instrucción, mientras los dos imputados permanecen bajo arresto domiciliario, “en franca violación al Código Procesal Penal (CPP) la Constitución y los pactos internacionales”, según el imputado Arias Valera.
Proceso paralizado. Un año y un mes tiene estancado el caso en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La última audiencia estaba pautada para junio del 2018, pero fue suspendida hasta tanto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conozca una declinatoria contra la Segunda Sala de la Corte de Apelación, la cual está apoderada de una recusación contra la jueza Raquel Astacio.
Solicita Hábeas Corpus. El 5 de julio del año en curso el exconsejero Arias Valera interpuso un recurso de Hábeas Corpus por ante el presidente y demás jueces de la SCJ, por “padecer arresto domiciliario ilegal e irrazonable” durante 3 años y 8 meses.
El imputado de prevaricación y soborno sustenta su pedimento a la alta corte, en los artículos 40, numerales 9, 71 y 154 de la Constitución; el 14, letra I de la Ley 25-91 Orgánica de la SCJ; el 7, numerales del 1 al 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9, numerales del 1 al 4 del Pacto Internacional de Derechos Humanos; y 15 y 241, numeral 2; 381, 382, 383 y 384 del Código Procesal Penal (CPP).
El escándalo. Fue hecho público el 23 de noviembre del 2015 por el entonces presidente de la SCJ, Mariano Germán, a propósito de un informe de investigación que le remitió el exprocurador general Francisco Domínguez Brito, el día 15 del mismo mes y año.
De acuerdo con dicho informe, tras un año de pesquisas preliminares se determino que a lo interno del Poder Judicial “coexistía una estructura conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares, que se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción”.
Aunque la dirección de dicha estructura se le atribuía Reyes Beltré, Arias Valera, José Dionisio Duvergé Mejía, Delio Antonio Germán Figueroa, Rosé Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón.
Del grupo solo Reyes Beltré y Arias Valera fueron sometidos a la justicia. Mejía Lebrón Vallejo Espinosa y Duvergé Mejía, fueron sometidos a juicio disciplinario, destituidos y enviados para su casa; y Germán Figueroa fue excluido.
Lo que rebosó la copa. Aunque habrían sido varias las sentencias negociadas por la magistrada Reyes Beltré y y el entonces miembro del Consejo del Poder Judicial (CPJ) Arias Valera, fue el Hábeas Corpus dictado por la jueza en el 2015 a favor del exregidor acusado de sicariato Erickson de los Santos Solís, lo que le puso “la tapa al pomo”.
Y es que según denunció el expresidente de la SCJ, por esa sentencia la jueza habría recibido un adelanto de RD$350,000 que le entregó el exconsejero Arias Valera.
En marco del 2018, de los Santos Solís y Arsenio Quevedo fueron absueltos por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.