Dos de siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), arrestados durante la operación Búho por su vinculación a un supuesto fraude de unos RD$2,500 millones, formaron una asociación de malhechores en el año 2018 (aunque uno de ellos, desde el 2015, trabajó para crear el presunto entramado criminal), según la acusación del Ministerio Público.

Los encartados que conformaron el presunto ilícito, según el órgano acusador, son Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, quienes se conocieron en dicha entidad financiera a través de un amigo en común y gravitaron en el sistema financiero con falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad de personas, maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos hasta octubre de 2023.

«Es el 2018 son aprobados en Coop-Herrera préstamos por más de 50 millones de pesos a Gabriel Santana Borsilea y sus empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L. y Gabriel Santana Auto Import S.R.L., sin
este poseer una garantía suficiente que haga rentable dicho préstamo. En lo relativo a las referidas empresas, fueron constituidas en los años 2018 y 2016, respectivamente, lo que evidencia el poco o nulo historial comercial de las mismas, además de no poseer actividades afines con el sector cooperativo para
poder ser beneficiados con préstamos», detalla el expediente.

Más tarde, la cooperativa, encabezada por Méndez Pérez, «llevó a cabo una reestructuración de su organización administrativa, otorgando al cargo de administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad. A partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa.

El Ministerio Público dice en la acusación que, según los estados financieros presentados por el imputado Méndez en las asambleas ordinarias, auditados por Julio César Minaya Mejía, en el año 2019, los activos registraron un aumento significativo del 91.6 %. Este incremento, dicen las autoridades, se acentuó aún más en el año 2020, alcanzando un impresionante 110.2%. Esta tendencia continuó en los años siguientes, con un incremento del 35.6% en 2021 y un 32.9% en 2022.

«Estos porcentajes de crecimiento llaman la atención por su magnitud y sugieren un cambio sustancial en la dinámica financiera de Coop-Herrera en comparación con años anteriores. La realidad sobre estos anormales resultados de gestión es que se trataban de alteraciones en los sistemas con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos que no poseían respaldo», añade la entidad acusadora.

«Con estas maniobras ocultaban el fraude financiero y daban una apariencia de solidez, y de esta forma continuaban captando capitales y hacían crecer la cartera de socios de Coop Herrera. A pesar de presentarse ese aparente crecimiento en las finanzas de Coop Herrera, la falsa burbuja financiera no fue sostenible, y a inicios del año 2023, la cooperativa no tenía fondos económicos con que satisfacer la demanda de los socios cuando estos se presentaban a hacer retiros por cantidades bajas, dándole
las excusas de que no había sistema; de igual forma se negaban a pagar los intereses de quienes tenían certificados financieros; y duraban meses para aprobar préstamos; lo anterior son signos claros de insolvencia económica, producto del fraude y la sustracción de fondos».

Los demás señalados son Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, conrta quienes el Ministerio Público pidió prisión preventiva.