En momentos en los que se conoce la solicitud de medida de coerción contra 10 de los 20 implicados en el caso Calamar abogados de al menos tres familias querellantes se encuentran en la sala de audiencias del primer nivel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Los abogados forman parte de la defensa de tres familias que se querellaron contra la red, encabezada según el Ministerio Público, por los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quienes presuntamente incurrieron en coalición de funcionarios y falsificación de documentos para la expropiación de terrenos del Estado a esas familias.

Hasta el momento solo el abogado, Francisco García, uno de los representantes de las familias querellantes, específicamente, de la familia Gatón ha hablado con la prensa sobre las intenciones de los querellantes privados.

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Más sobre los querellantes

Se recuerda que un cuarto querellante habría retirado sus intenciones en esta etapa del proceso por recomendación del propio Ministerio Público por lo que se espera que en una próxima etapa sean cuatro oficialmente los querellantes privados que se pronuncien en contra de la red.

También que, en 2019 el Tribunal Constitucional falló en 2019 a favor de la familia y herederos de José Velázquez Fernández, propietario original de una parte de los terrenos en los que construyó el Jardín Botánico Nacional, pero según Fernando Crisóstomo, implicado en la red, el pago no fue procesado por que la red del caso Calamar no logró llegar a un acuerdo con los herederos que no aceptaron el 40% del monto que se les debía pagar.

“Producto de múltiples diligencias y solicitudes de pago de los referidos terrenos, y transcurridos más de cuarenta (40) años, sin que, hasta la fecha, el Estado dominicano, haya realizado el pago de los mismos, las señoras María Teresa del Cueto, María Teresa Velázquez del Cueto, María Rosa Velázquez del Cueto y Sara Velázquez del Cueto, interpusieron una acción de amparo, a fin de que se condene al Estado dominicano y sus dependencias, al pago del justo precio de los referidos inmuebles”, señaló el TC.