La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, y las defensas de los imputados en la Operación Calamar agilizan la entrega del dispositivo sobre el fallo de la solicitud de medida de coerción.

Así lo dio a conocer este martes el Amado Moquete, abogado del acusado Roberto Santiago Moquete, quien indicó que la premura es para evitar que los trámites legales se vean afectados por el asueto de Semana Santa.

“La magistrada puso tanto empeño y tanto énfasis en dar el dispositivo para que cada parte nos podamos mover en diferentes vías correspondientes de nuestros representados, para que puedan pasar el resto de la Semana Santa en la tranquilidad de su hogar”, explicó el jurista.

Se recuerda que 14 de los 20 implicados han admitido su participación en esta estructura corrupta denominada Operación Calamar, y logrado un acuerdo con el órgano de justicia.

Entre ellos se encuentran el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, Ángel Lockward, Alejandro Constanzo, Roberto Santiago Moquete, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández, Emir Fernández de Paola, Oscar Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación.

Así como también Yahaira Brito Encarnación y Ramón David Hernández.

El expediente presentado por el Ministerio Público «posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones».

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.