Tal vez usted pensó que todo estaba dicho sobre el Caso Calamar. Si fue así, se equivocó. Estos días han surgido novedades. Y es que se han estado depositando querellas en el tribunal, y han salido a la luz nuevas personas que son mencionadas en el expedientes y en diversas órdenes relacionadas al caso.

«Esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes”, explicó Wilson Camacho, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Camacho indicó que han sido depositadas unas cinco querellas, las cuales están dirigidas a la mayoría de los procesados y explicó que esas personas que se querellaron pidieron que les fuera notificado a las partes.

“Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, sobre todo, porque hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses y por esa razón está acudiendo al tribunal” sostuvo el titular de la Pepca.

Esto motivó el aplazamiento de la audiencia pautada para el pasado domingo. La jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, quien aplazó para el próximo miércoles 29 del presente mes, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción, el procurador adjunto precisó que el Ministerio Público estaba listo para conocer esta etapa del proceso contra los imputados en esta red de corrupción.

“Hemos venido una vez más en disposición de conocer este proceso que gira sobre una estructura de corrupción que se construyó para estafar, defalcar al Estado dominicano y mantenerlo como un rehén de la corrupción”, aseguró el titular de la Pepca.

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Lo que dice el papelito

El expediente acusatorio del Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

La denominada Operación Calamar, que conllevó una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que dirige el magistrado Wilson Camacho. — Wilson Camacho, procurador de la Pepca.

Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.