En el expediente del caso Calamar, como le llamó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (Pepca) a la instrumentación judicial contra una presunta coalición corrupta de funcionarios de la postrimería del gobierno de Danilo Medina, entre 2019 y 2020, emerge un lugar que era supuestamente el centro de operaciones monetaria del «entramado», según el Ministerio Público.

Se trata de «La Casita», el nombre que le dieron las autoridades a un domicilio ubicado en la calle Helios, en el sector Bella Vista, Distrito Nacional que, según el expediente contra los exfuncionarios encartados, «se convirtió en el principal centro de acopio de dinero en efectivo de esta estructura criminal».

Los señalados, que deberán presentarse por primera vez para un juicio preliminar, son Gonzalo Castillo, Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, Princesa Alexandra Medina García y Aldo Antonio Gerbasi Fernández.

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Según la Pepca, estos hombres se reunían en dicho lugar para acordar los recursos que luego, supuestamente, fueron en menor cantidad inyectados para financiar «de manera ilícita» campañas
electorales y presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El expediente dice, además, que la persona que tenía el control total de La Casita y de las actividades que eran llevadas a cabo en la misma era el ministro Administrativo de la Presidencia, el señalado en el caso José Ramón Francisco Peralta.

Los imputados del caso Calamar a su llegada al juzgado de instrucción.

«En esencia, La Casita era una extensión de las actividades políticas clandestinas y espacio para
recolección de dinero de procedencia ilícita, autorizado por el acusado José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández», cita el documento.

Y añade: «Inicialmente en La Casita operaban dos de las empresas de los brasileños João Cerqueira
de Santana Filho (Joao Santana) y su esposa Mónica Moura; estas eran Polis Caribe, S.R.L., y Cine & Art 2013, S.R.L. Ambos extranjeros fueron asesores políticos del ex presidente de la República Dominicana Danilo Medina Sánchez, y durante la gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fueron beneficiados por varios contratos otorgados por el acusado José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández».