Por tercera ocasión, fue aplazada la audiencia de conocimiento de coerción contra los 20 apresados en la Operación Calamar, a quienes el Ministerio Público les imputa ser parte de una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

La decisión del aplazamiento fue tomada por la jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El conocimiento de la solicitud del órgano acusador se seguirá el próximo viernes desde las 9:00 de la mañana.

Se recuerda que la audiencia del pasado domingo fue pospuesta por la magistrada Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, con la finalidad de adicionar al expediente cinco querellas privadas interpuestas contra los involucrados en el caso.

Según el expediente acusatorio, los miembros de la supuesta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

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Entre los que los imputados por el órgano de justicia se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.

Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

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