Ninoska Cuevas 
El empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy) fue liberado la tarde de este martes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, luego de que los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional le variaran la prisión preventiva impuesta como medida de coerción en su contra por el caso Camaleón.
La salida de Jochy Gómez se efectuó a las 5:44 p.m., a bordo de una jeepeta Toyota Land Cruiser con cristales tintados.
«La libertad de Jochy Gómez se materializó… Se pagó una fianza en efectivo de dos millones de pesos en una cuenta de la Procuraduría General de la República», informó su abogado, Carlos Balcácer.
El jurista subrayó que, oportunamente, ofrecerá una declaración de prensa en conjunto con su cliente para explicar las razones que tuvo la corte para rendir la decisión.
Se recuerda que, en lugar de la prisión preventiva, al imputado se le ordenó pagar una garantía económica, presentarse periódicamente ante el tribunal y no podrá salir del país sin previa autorización de las autoridades.
Otros implicados
El caso Camaleón también sigue en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, quienes fueron favorecidos con la libertad condicional.
Asimismo, se vincula a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT, quien cumple arresto domiciliario; Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT, a quien se le impuso una garantía económica de 2 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica.
Además, está imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT, y Carlos José Peguero Vargas. Ambos pagaron una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica como medida de coerción.
Los imputados son es acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red de corrupción y crimen organizado, involucrados en delitos como desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
Estos delitos están tipificados y sancionados en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana sobre la proscripción de la corrupción. Además, el Código Penal dominicano regula estos crímenes en los artículos 123, 124, 147, 150, 151, 171, 172, 265, 266 y 405. También se aplican la Ley 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito y Contrabando, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
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