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El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, decidirá este martes si impone la prisión preventiva como medida de coerción contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), dueño de la empresa Aurix S.A.S., por su vinculación en el caso Camaleón.
Para que el tribunal acoja el pedimento y declare la complejidad del proceso, el Ministerio Público deberá presentar durante la audiencia, a las 2:00 p.m., las pruebas que tiene contra los imputados. Entre ellas, según lo informado, se incluye un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo y un contrato ilegal entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
También tendrá que mostrar evidencia relacionada con el sabotaje a la red semafórica en agosto, todos ellos elementos clave del proceso.
Otros implicados
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, en el proceso de vincula a Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
El grupo es señalado de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructuras críticas y robo de identidad.
Los tipos penales contra los siete están contenidas en la orden de arresto número 2024-AJ0020784 que, a solicitud del procurador Camacho, emitió la jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Fátima Scarlette Veloz Suárez, en la que se declara la investigación por la comisión en violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución; los artículos 123 y 124, 147, 150 y 151 171 y 172, 265 y 266 y 405 del Código Penal.
Los artículos 11, 17, 27 y 28 de la Ley 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Artículos 5, 33, 34, 35, 36 de la Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 de la Ley 55-17, de Lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Artículos 5 y 8, letra F, de la Ley 267-08, sobre Terrorismo.
Detalles de la Operación Camaleón
Durante la Operación Camaleón se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En este operativo participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
En los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público. Por esta razón, el órgano persecutor ha calificado la Operación Camaleón como una de las “más exitosas” contra el crimen organizado.
Asimismo, el órgano persecutor declaró que continúan las diligencias investigativas, lo que podría derivar en la incorporación de nuevos imputados y en la presentación de nuevas imputaciones vinculadas al esquema de sobornos.
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