La jueza Iris Sugelly Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, dará a conocer este viernes el fallo de la medida de coerción contra las 16 personas apresadas durante la Operación Colibrí, a quienes les imputan integrar una red que se dedicaba a la falsificación de documentos públicos.

La magistrada tomó la decisión de fijar la audiencia para a las 03:00 de la tarde, debido a razones de tiempo y agotamiento.

El Ministerio Público pide al tribunal que imponga contra los implicados la prisión preventiva por 18 meses y se declare de tramitación compleja el proceso.

Los imputados por el caso Colibrí son: Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.

Acusación

Entre las imputaciones que le hace el Ministerio Público, está la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas .

Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.

Tenían en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.

También apostillaban documentos, luego de adulterados, para que se pudieran utilizar en el extranjero.

La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.

Varios de los imputados en caso Colibrí operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.

Seguir leyendo:

Operación Colibrí | Tres detalles sorprendentes de cómo funcionaba la «red»

El Parlamento de Kenia aprueba despliegue de su Policía en Haití