El proceso penal contra la exjueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, acusados de integrar un entramado que a lo interno del PJ negociaba sentencias para favorecer a personas ligadas al crimen organizado, no pudo continuar ayer debido a la nocomparecencia de la imputada y los defensores públicos que llevan el caso.

Según el encartado Arias Valera, en la sala de audiencias del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional solo él estaba presente cuando a las 10:00 de la mañana la jueza decidió reenviar el caso para el próximo 15 de marzo.

El sometimiento contra estos exservidores judiciales, quienes cumplen arresto domiciliario, lleva más de cinco años en los tribunales desde que el 23 de noviembre de 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán, diera a conocer la existencia de esa estructura delictiva a raíz de una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Francisco Domínguez Brito, quien por aquel entonces era titular de la PGR, le había remitido al presidente de la Suprema Corte de Justicia un informe que determinó que a lo interno de ese poder del Estado “coexistía una estructura conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares que se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción”.

Awilda Reyes y Francisco Arias, a quienes se les atribuye ser los cabecillas del entramado, fueron los únicos sometidos a la justicia por este caso; mientras que José Dionisio Duvergé Mejía, Rosé Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón fueron sometidos a juicio disciplinario y destituidos; y Delio Antonio Germán Figueroa fue excluido.