Los generales y otros altos oficiales apresados en la operación Coral 5G, estructuraron un «entramado» criminal» para cometer una serie de violaciones a la leyes, «aprovechando su cercanía y apoyo irrestricto del «principal ejecutivo del país».

Así lo establece el Ministerio Público en el expediente de solicitud de medida de coerción en contra de los generales Juan Carlos Torres Robiu, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista; el capitaán de Navío Franklin Mata Flores, los coroneles Carlos Lantigua Cruz y Yehudy Guzmán Alcántara.

Señala que los altos oficiales  crearon empresas a nombre de personas relacionadas al financiero de las  instituciones en la que tenían influencia,  para supuestamente “suplir combustibles y materiales gastables”, «los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado».

«Asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para raciones, operaciones de inteligencia, valores que eran utilizados para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de las instituciones», precisa.

Además, resalta que los responsables nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia, cuentas por cobrar, a los fines de poder mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República.

De igual forma, elaboraban cuadres reales en los que se evidencian sus acciones delicitivas, tendentes a distraer fondos; informe que era usado internamente por el entramado, el cual se encuentra repleto de codinomes 12 que individualizan el gasto real del dinero distraído.

Sucursal de banco. El Ministerio Público señala que los involucrados, en combinación con oficiales subalternos, eligieron una sucursal del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.

«Inyectaron dinero en una empresa disfrazada de asociación, que realizó operaciones millonarias típicas de una organización empresarial, pero con el objetivo de evadir la fiscalización de las sociedades comérciales se le dio apariencia de una Organización no Gubernamental».

«Distrajeron fondos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin trabajar y recibían un pago mensual a cambio de ser prestanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la organización».