El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó este viernes la prisión preventiva
al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a los demás imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral.

Como solicitó el Ministerio Público, encabezado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el juez Raymundo Mejía confirmó las medidas de coerción a los encartados en virtud de que no han
variado los presupuestos que motivaron su imposición.

Con la decisión, continuarán en prisión Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán -hijo de la religiosa-, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la
Armada Alejandro José Montero Cruz.

En mayo del pasado año, el órgano de la acusación presentó elementos de prueba que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra del grupo.

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Mientras que Raúl Alejandro Girón Jiménez continuará con el arresto domiciliario que le fue impuesto por razones de seguridad, en virtud de su cooperación con la investigación del Ministerio Público.

Los vinculados a este expediente guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del
caso, que fue declarado de tramitación compleja.

Estos investigados son procesados por incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, llevan a cabo las investigaciones con un amplio equipo de fiscales.

El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente
con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país,
valorados en millones de pesos.