El expediente de acusación formal contra los imputados en el caso Coral, describe que a estos se les permitió hacer de la corrupción una “política estatal”.

“Desde múltiples instituciones del Estado, en este caso desde los cuerpos castrenses, se gestó un proceso de normalización de la corrupción que las evidencias recabadas en esta y otras investigaciones prueban que fue creado, incentivado, sostenido en el tiempo y aprovechado a los fines de su objetivo: distracción de activos al patrimonio del Estado pertenecientes a los contribuyentes”, recoge el expediente.

Al mismo tiempo, califica que los actos de corrupción cometidos por los imputados resultaron en atentado contra la “legitimación del Estado”.

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“La corrupción cometida por la organización criminal: un atentado a la legitimación del Estado. La legitimación es mucho más que legalidad, vista desde la teoría general del derecho, tiene que observase desde el contexto en el que los ciudadanos y ciudadanas tienen acceso a servicios básicos de calidad en condiciones de igualdad. En la exposición de motivo de la Ley 107-13, que regula la relación de los ciudadanos con la Administración, el legislador dispuso de manera clara que: “la Administración Pública debe actuar al servicio objetivo del interés general”, siendo de gran relevancia su sometimiento al pleno ordenamiento jurídico del Estado proclamado expresamente en el Artículo 138 de la Constitución”, continúa citando el expediente acusatorio.

Para demostrar la supuesta complicidad de la estructura imputada en el caso Coral, el Ministerio Público manifiesta que las pruebas llevan actos “dolosos”.

“Las evidencias recabadas en el presente proceso prueban que diferentes funcionarios de diversas e importantes instituciones del Estado; que están bajo la dirección directa e indirecta del Poder Ejecutivo; no se sometieron al ordenamiento jurídico y no actuaron en beneficio del interés general, sino de un interés particular doloso”, expresa.

Este expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público en el caso Coral, está compuesto por 3268 páginas.

Imputados

Los imputados señalados tanto en el caso Coral como Coral 5G, ya unificados, esta compuestos por militares y civiles, en parte con funciones primordiales en el Estado durante la gestión 2012 – 2020.

Entre los imputados figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre; Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora); cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa); coronel policial Rafael Núñez de Aza; sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez.

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Asimismo, los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD). También el capitán de navío ARD Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

Otros señalados son Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, César Ramos Ovalles y Esmeralda Ortega Polanco.