NACIONES UNIDAS.- Lo acusan de haber aceptado más de US 3 millones de gobiernos e individuos y de haber firmado cheques a su nombre que decían “salario”. El arresto del expresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas John Ashe pone de manifiesto algunas de las debilidades del organismo mundial que nadie tiene prisa por reformar.
La presidencia de la Asamblea General, que representa a 193 estados miembros, es terreno fértil para chanchullos. Quien la ejerce puede cumplir otras funciones al mismo tiempo y no tiene que hacerlas públicas; tiene amplia discreción sobre un presupuesto anual de unos US 330,000 y puede aceptar dinero adicional de los estados miembros sin tener que reportarlo a nadie. Además, no hay una investigación formal de los antecedentes de los candidatos al puesto. “Es algo fascinante. Mi primera reacción es que se le está dando piedra libre a un cabildero interno”, expresó Alejandro Salas, director regional de Transparencia Internacional para América.
El experto mexicano agregó que su organización nunca hizo lo que describió como un “mapa de riesgos” de las Naciones Unidas, pero que “debamos prestarle más atención ahora”.
Ashe, un exdiplomático de Antigua y Barbuda que presidió la Asamblea General de septiembre del 2013 a septiembre del 2014, fue acusado por un fiscal estadounidense de convertir la ONU en una “plataforma para sacar provecho”, aceptando sobornos de un magnate chino de la industria de bienes raíces y de otros empresarios a cambio de despejar el camino para lucrativas inversiones. Enfrenta cargos por caso de fraude.