El involucramiento de miembros de la Policía y del Ministerio Público en la desaparición de drogas de la Dirección Central Antinarcóticos (Dican) es un hecho grave que afecta la imagen de esas dos instituciones y constituye un reto para la Procuraduría General de la República que, como responsable de la investigación, debe llevar el caso hasta las últimas consecuencias “caiga quien caiga”.

La afirmación la hizo recientemente Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), quien dijo que es hora ya de que se respete la ley sobre bienes incautados al narcotráfico.

“El hecho de que la Policía guarde drogas incautadas ha sido una queja constante por parte del Ministerio Público; es hora ya de que esa situación no se siga dando en la práctica, pues de acuerdo con la Ley, la administración de ese tipo de cosas le corresponde al Ministerio Público también”, agregó.

Qué falló. Castaños Guzmán dijo que el Ministerio Público tiene que saber qué falló en esta ocasión para tomar las medidas de lugar: si fueron debilidades humanas o qué y crear las condiciones para que esto no se repita.