Con el propósito de mejorar la investigación emprendida, y para respetar el debido proceso, la Procuraduría General de la República solicitó informaciones financieras contra 209 personas físicas y jurídicas, señaladas de participar en una supuesta estructura gubernamental de la que sindican al exmnistro de Hacienda, Donald Guerrero, de ser la cabeza del supuesto entramado.

En la solicitud para la entrega de las informaciones, de fecha del 17 de febrero de 2022, se ordena a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de alores, la Dirección General de Impuestos Internos, la Superintendencia de Seguros y al Instituto de Desarrollo del Crédito Cooperativo (Idecoop), entregar a procurador adjunto Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), entre otros, lo siguiente:

Los reportes e informes de los productos financieros, así como de todas informaciones tributarias, incluyendo todas las que sobre estos existan en el sistema financiero de las entidades supervisadas por éstos, tales como: movimientos de todo tipo de cuentas y productos, transferencias nacionales e internacionales.

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Además, el documento establece la entrega de los depósitos, retiros, inversiones, cambios de divisas, remesas nacionales e internacionales, pagos de impuestos, todas las informaciones que conozca su cliente y debita diligencia, reportes de transacciones «sospechosas», y aquellas que se hicieron en efectivo.

También, los beneficiarios directos y finales, cheques y cualquier otra información financiera que las personas físicas y morales en las que tengan representación, así como los documentos que avalen esas informaciones.

No sólo eso. La solicitud precisa, tarjeta original de firma, estados de cuenta, correspondencias, copia de comprobantes, entre otros.

«Fija como plazo de la vigencia para ejecutar la orden judicial sesenta (60) días a partir de la expedición», ordena el documento firmado el pasado 23 de agosto de este año por la jueza Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. Lo que quiere decir que las entidades tienen poco menos de dos meses para entregar lo requerido.

¿Cómo operaba la supuesta estructura contra el Estado?

La Procuraduría detalla que, bajo las instrucciones del exministro Guerrero, «se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compras a y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza».

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La solicitud precisa, además, que en ocasiones el grupo de funcionarios de ese entonces utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, «constituyendo el tipo penal de desfalco».