El Ministerio Público inició este viernes la presentación de pruebas contra la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

El primer testigo presentado fue Juan Geraldo Mesa, director del Departamento de Habilitación de Centros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS). A través de su testimonio, el Ministerio Público incorporó documentación que confirma la falta de habilitación del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

Seguidamente, el consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, Luis Manuel Tolentino, ofreció su declaración, durante la cual se incorporó una certificación emitida por la consultoría jurídica del MISPAS, que confirma que Elizabeth Silverio Silien no está registrada en ninguna de las áreas de la salud.

La Dra. Rosa Unathai Uribe Mota, víctima y querellante civil, relató cómo conoció a Elizabeth Silverio Silien, quien trabajó en un centro de su propiedad, pero fue desvinculada por razones administrativas. Aunque Uribe Mota reconoció que tenía conocimiento de que Elizabeth Silverio no era profesional del área de salud, evitó entrar en detalles sobre su despido, amparándose en un supuesto contrato de confidencialidad.

Por otro lado, Reginaldo Alcántara Betances y su esposa, la diputada Yuderka de la Rosa Guerrero, declararon por separado sobre cómo conocieron a Silverio Silien. Rosa Guerrero detalló que la conoció durante una vista pública de la Comisión Bicameral del proyecto de ley del Trastorno del Espectro Autista (TEA), donde Elizabeth Silverio expuso como experta en el área. A raíz de esa presentación, inscribieron a su hijo en el centro. Durante sus testimonios, se presentaron recibos de pago, el acta de nacimiento del hijo y el informe neurocognitivo, el cual contenía un falso exequátur y un sello utilizado por la acusada.

Posteriormente, Basilia Ortiz Núñez, víctima y querellante, declaró que Elizabeth Silverio Silien le entregó un diagnóstico de Asperger para su hija de 5 años. Sin embargo, tras una nueva evaluación en otro centro, la niña fue diagnosticada con autismo moderado-severo, complicado por su epilepsia, lo que le provoca convulsiones.

Ortiz Núñez describió que, durante su visita al centro, Elizabeth Silverio vestía un uniforme de médico que la identificaba como neurocirujana, lo que le generó confianza adicional, especialmente cuando la acusada le dijo que era pastora, al punto de que incluso le pidió que orara por su hija.

“Para mí, esta situación ha sido una burla y significó gastos por más de 300 mil pesos”, señaló Ortiz Núñez, quien explicó que pudo completar esa suma gracias a donaciones de familiares.

“No se le dieron las terapias que necesitaba. La niña fue descuidada durante ese tiempo, sin recibir la estimulación temprana que, por su condición, requería”, añadió con la voz entrecortada.

El informe realizado por el centro fue presentado como prueba ante las juezas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Ministerio Público, representado por las fiscales Magalys Sánchez, María Silvestre y Laura Vargas, también interrogó a José Manuel de Oleo Guerrero, Yeimi Durán Rodríguez y Yokasta Cuevas Javier, quienes, como víctimas, describieron ante el tribunal el daño emocional y económico sufrido debido a las acciones de Elizabeth Silverio Silien.

El juicio de fondo continuará el 7 de octubre de 2024, cuando el Ministerio Público continuará con la presentación de testigos en busca de demostrar la responsabilidad penal de Elizabeth Silverio Silien frente a la acusación en su contra.