Continuando con las indagatorias sobre presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de licitación convocado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) para la adquisición de kits de alimentos durante el actual período de cuarentena por el coronavirus, investigación que dirigen la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fue entrevistado este miércoles, Eduardo Suero Poche, encargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro de esa entidad gubernamental.

Tras ser citado por el Ministerio Público, el ingeniero Suero Poche compareció para responder los cuestionamientos de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002.

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Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que sigue recabando datos sobre el referido proceso y que en los próximos días estarán concluyendo con los miembros faltantes de la comisión de licitación y colaboradores del INAIPI, como parte de la investigación que tiene el propósito de determinar la existencia o no de hechos violatorios a las leyes en este caso.

Se recuerda que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso de licitación. A raíz de la denuncia, el pasado 17 de abril, el Ministerio Público recibió sus declaraciones formales respecto a este hecho.

La institución indicó que luego de que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderara del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, éstos órganos del Ministerio Público iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.

En ese sentido, el órgano persecutor de los delitos señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.