Hoy 
Juan López.
El Ministerio Público del Distrito Nacional, encabezado por la procuradora fiscal titular Rosalba Ramos, y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), interrogaron este lunes al señor Juan López, destituido subdirector de Gestión Institucional del Instituto Nacional de Asistencia Integral Para la Primera Infancia (INAIPI), tras las presuntas irregularidades denunciadas en el proceso de licitación durante el actual período de cuarentena para la adquisición de kits de alimentos.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio Público indicó que López, quien además fungía como presidente de la Comisión de Compras del INAIPI, durante varias horas estuvo respondiendo preguntas respecto al proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, que hizo esa institución del Estado.
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El interrogado, acompañado de su abogado, ofreció detalles sobre las razones que motivaron la convocatoria de la indicada licitación, así como de su posterior cancelación. Éste fue enfático en precisar que en un principio estuvo opuesto al proceso de licitación, debido a que el INAIPI no estaba incluido en el Decreto de Emergencia.
El órgano del sistema de justicia adelantó que en los próximos días seguirán los interrogatorios a otros miembros de la comisión de licitación en el marco de la investigación de este caso en el que se busca determinar la existencia o no de hechos violatorios de las leyes en el citado proceso de contratación, llevado a cabo por el INAIPI.
Se recuerda que el empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L., días atrás realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, en la que indicó la grave manifestación de actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso. A raíz de lo que, el pasado viernes, el Ministerio Público recibió sus declaraciones formales respecto a este hecho.
El comunicado destaca que luego de la denuncia, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, apoderó del caso a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la PEPCA, órganos del Ministerio Público que iniciaron de inmediato las investigaciones, a fin de obtener las evidencias que permitan establecer si en dicho proceso de licitación existen responsabilidades administrativas o penales para proceder con las medidas que correspondan.
En ese orden, el órgano persecutor señaló que de comprobarse las irregularidades en los hechos denunciados, las cuales constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, los funcionarios involucrados podrían enfrentar sanciones penales, en adición a la cancelación de sus cargos.
