La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que concluyó las investigaciones relacionadas a las denuncias por el proceso de adjudicación mediante licitación realizado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y que habría ganado la empresa Transcore Latam SRL, detectando en esta «graves irregularidades».
«Hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público este caso», indicó la DGCP.
A través de una rueda de prensa, el director general de la DGCP, Carlos Pimentel, adelantó además que estará remitiendo ante la Procuraduría General de la República (PGR) dicho expediente.
«En ese sentido, anunciamos que las dos resoluciones, así como los hallazgos del informe de cumplimiento tras agotar un proceso de debida diligencia serán remitidos a la Procuraduría General de la República y de manera concreta, a la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción», externó Pimentel.
Asimismo, agregó que, «producto de los hallazgos detectados, conjuntamente con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, estaremos agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam, SRL, para determinar las consecuencias jurídicas».
En ese mismo orden, Pimentel manifestó que el referido contrato entre el Intrant y la empresa que modernizaría el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, Transcore Latam, queda nulo.
«Esta Dirección General declara la nulidad del contrato del Intrant con Transcore Latam, SRL, tras comprobarse que los actos administrativos emitidos por el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT adolecen de los mismos vicios que afectan su validez», explicó.
Se recuerda que tras darse a conocer la información de las presuntas irregularidades en la adjudicación, el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader una licencia para que la DGCP pudiera realizar sus investigaciones si inconvenientes.