Además del exdirector de Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, (INTRANT), Hugo Beras y el titular de Transcore Latam, Jochi Gómez, otras cinco personas fueron aprensadas por un escándalo de corrupción salió a la luz en octubre del 2023, cuando la Dirección de Compras y Contrataciones, reveló las irregularidades en el contrato para el control de la Red Semafórica del Distrito Nacional.

Se trata de Fran Rafael Atiliano Díaz Warden; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda; Juan Francisco Álvarez Carbuccia; Pedro Vinici Padovano Báez y Carlos José Peguero Vargas.

A continuación, se presentan las responsabilidades específicas de cada uno de los involucrados, según la orden de arresto del Ministerio Público:

Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez: principal autoridad ejecutiva del INTRANT entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas.

Fue clave en la integración de nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado. Es definido como el coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia, con clara participación en la orquestación del fraude en la citada licitación.

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Frank Rafael Atilano Díaz Warden (Coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del INTRANT). Participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta. Su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (Director de Tecnología del INTRANT). Responsabilidad: Encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, Baquero Sepúlveda fue pieza clave en la coordinación técnica del fraude. Facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos. Adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a la empresa del entramado. Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos.

José Ángel Gómez Canaán (a) Jochi (Beneficiario de los contratos fraudulentos y dueño de Aurix S.A.S.) Es el principal beneficiario económico del esquema corrupto, Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix S.A.S., controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos. En consecuencia, es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado. Es el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo.

Pedro Vinicio Padovani Báez (Exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT). Padovani Báez es socio de Gómez Canaán, y fue clave en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico. Tras renunciar a su cargo, colaboró de manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.
Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica.

Carlos José Peguero Vargas (Socio en la red de lavado de activos). Junto con Gómez Canaán, Peguero Vargas fue responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L. Es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa Lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita.

«El origen de esta trama se remonta a 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) fue beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L., de la cual es co-gerente junto con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha recibido más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una. En 2020, José Ángel Gómez Canaán (Jochy) también se benefició de un contrato ilegal, consistente en un «Acuerdo de Colaboración» entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., aunque este contrato no figura registrado oficialmente», precisa en el documento el MP.