El juez Amauri Martínez aplazó la tarde de este viernes la audiencia del caso Medusa para el martes tras colapso de imputado Forteza Ibarra. FOTO FUENTE EXTERNA
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Amauri Martínez, suspendió para el próximo lunes 12 de marzo a las 9:00 de la mañana, audiencia preliminar de los acusados en el «Caso Medusa», luego de que uno de los imputados presentara problemas de salud y se desplomara en la sala.
Se trata de Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien fuera el encargado de Informática de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez y quien es uno de los imputados en el “Caso Medusa”, por el que también es sindicado el exprocurador de la República Jean Alain Rodríguez.
“Observando la condición de salud, suscitada por la inmediación en el día de hoy, del ciudadano Javier Forteza, el tribunal se ve necesariamente precisado a suspender la audencia, recesando la instrucción de la causa, conforme al artículo 315 y 316 del Código Procesal Penal y continuar con la misma en una próxima vista. Esa próxima audiencia está fijada para el próximo martes 12 de marzo a las 9:00 de la mañana. Continúan las intervenciones de las defensas técnicas, conforme al calendario establecido”, señaló el magistrado Martínez, al momento de anunciar la suspensión.
Leer: Caso Medusa: Enfermedades y necesidad trabajar no son suficientes
Tras el colapso, Forteza Ibarra recibió atenciones médicas y fue llevado a un centro de salud, donde se certificó su estado, lo que motivó a la suspensión, que se produjo cuando las defensas presentaban sus argumentos, en busca de que les sean anuladas las acusaciones que pesan contra las 241 personas físicas y 22 empresas, acusadas en este caso.
Dentro de las acusaciones contra estos imputados está la de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, prevaricación, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otros.
Los encartados son señalados por el supuesto desfalco de RD$6,000 millones de pesos, que habrían sido defraudados mediante diversos mecanismos, según las acusaciones del Ministerio Público, en uno de los casos de corrupción más sonoros del país y que pasa ya los tres años, sin que exista una condena definitiva.