El Gobierno atraviesa por un momento difícil en el contexto de su discurso anticorrupción, porque una de las empresas de Lisandro Macarrulla Tavárez, el ministro de la Presidencia en licencia, está incluida en la Operación Medusa, un supuesto entramado de corrupción que operó en el Ministerio Público en la administración de su principal adversario, el Partido de la Liberación Dominicana.

En la acusación está incluido Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del funcionario y representante de MAC Construcciones, una de las empresas a cargo de la construcción del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, objeto de la investigación judicial.

A esa empresa se le adjudicó la construcción de las oficinas administrativas del centro, por un monto de RD$1,298,210,894.40.

Desde que el Ministerio Público inició las investigaciones sobre las supuestas acciones delictivas atribuidas a la Operación Medusa, surgieron rumores sobre la participación de la referida empresa en el presunto caso de corrupción. Sin embargo, Macarrulla Tavárez atribuyó las versiones a enemigos políticos que intentaban difamarlo.

De hecho, en una entrevista realizada el 5 de julio de 2021, en el Telematutino El Día, expresó que: “Mis hijos manejan el corporativo, pero cada uno de los negocios del grupo familiar tiene su gerente, pero yo avalo lo que hace el gerente y lo que hacen mis hijos. Esa empresa se maneja con principios, con valores de tres generaciones y ahí no hay ningún acto pecaminoso ni fuera de la ley ni ningún conflicto de intereses”, indicó en esa oportunidad.

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“Nosotros nos sentimos muy tranquilos porque no pagamos sobornos ni sobrevaluamos ni tenemos responsabilidad sobre ninguno de los hechos que se están señalando”, dijo.

Macarrulla, propietario del Grupo MAC, un consorcio empresarial con inversiones en los sectores turístico, inmobiliario, marítimo e industrial, es un cercano colaborador del presidente Luis Abinader, que dirigió el gabinete presidencial del entonces candidato presidencial.

De comprobarse, en un juicio público, oral y contradictorio, la responsabilidad penal de los involucrados, se estaría frente a un caso más de corrupción público-privada, una vieja práctica que va de la mano con el modelo de enriquecimiento a toda costa.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas, y envuelve más de RD$1,000 millones que habrían sido pagados como soborno a funcionarios del Ministerio Público.

Esos ilícitos se cometían bajo las directrices del exprocurador Jean Alain Rodríguez, según la acusación. Los cargos imputados son coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, crímenes de alta tecnología y lavado de activos.

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