A raíz de la decisión adoptada el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia de absolver a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, por el caso Odebrecht en República Dominicana, analizar las causas que llevaron a esta decisión es la opinión obligada para la columna de esta semana.

No habíamos asimilado bien el oro de Marileidy Paulino cuando se hizo público que el caso más grande de corrupción de Latinoamérica se había quedado sin condenados en República Dominicana luego que el alto tribunal consideró que el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes que demostraran sus acusaciones de soborno, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones juradas y lavado de activos.

Díaz Rúa y Rondón eran los únicos condenados en República Dominicana en el proceso del caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción juzgado en este país caribeño después de que la constructora brasileña reconociera que había pagado más de 92 millones de dólares a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Pero, primero hay que diferenciar una cosa de la otra; lo mediático, lo político y lo legal.

El caso Odebrecht explotó a finales del año 2016, y fue el caldo de cultivo para el inicio de múltiples y masivas manifestaciones contra la corrupción y la impunidad. Para ese momento la empresa constructora brasileña había revelado el pagó sobornos a funcionarios de 10 países latinoamericanos, incluyendo a la República Dominicana, para salir favorecida con los contratos millonarios de obras del Estado.

A esta coyuntura se sumó a otras demandas de corrupción administrativa por parte del gobierno de turno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) encabezado por el expresidente Danilo Medina, que sumado a otros factores y acontecimientos favorecieron la salida del poder del partido morado.

No obstante, el marco legal y el llamado “debido proceso” son otra cosa. Vivir en un Estado de derecho implica regirse a lineamientos y a un ordenamiento jurídico que deben cumplirse para garantizar justicia, o al menos, así debería ser en todos los casos.

Desde el inicio la actual procuradora general de la República, Miriam Germán, siendo entonces jueza, había advertido la debilidad probatoria de este expediente. La magistrada había expresado con preocupación que «por ejemplo, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el Ministerio Público son fruto de delaciones premiadas que se han vertido en Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el ´yo creo´, ´me parece´, y en algunos aspectos, una tajante negativa», afirmó.

Incluso Germán Brito llegó a decir que el futuro del caso Odebrecht «no era esperanzador» a menos que el Ministerio Público fortaleciera su expediente y las pruebas.

En consecuencia, con esta decisión se ordenó que le sean devueltos todos los bienes incautados a Díaz Rúa y Ángel Rondón, quienes habían sido condenados por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno.

Entre esos bienes que serán devueltos a Díaz Rúa y Rondón se encuentran propiedades de alto valor, incluyendo un yate de recreo marca Pershing; inmuebles de lujo, como una propiedad en el complejo Casa de Campo, La Romana, y una unidad funcional en el condominio Torre Caney, ubicado en Bella Vista, Distrito Nacional. También se restituirán varias empresas y activos financieros a ambos exfuncionarios.

Además, como aparte de la sentencia se descargó de responsabilidad penal al abogado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno frente a la petición fiscal de que fuera condenado por enriquecimiento ilícito, pero no pudo probarse, por lo que se ratificó su absolución.

Este caso me recuerda que lo más difícil de vivir en democracia es ser demócrata, y el mensaje desafortunado que enviamos con este tipo de decisiones. Hay condenas morales y hay condenas legales, pero el daño que le hace al Estado quienes llegan para beneficiarse a veces puede ser irreparable.

Toca ahora hacer una profunda reflexión sobre la calidad ética de nuestros jueces, sin dejar de lado su independencia y la capacidad de quienes representaron al Ministerio Público en ese desafortunado caso que enlodó a funcionarios, políticos y empresarios de toda una región donde nuestro país es el único no tiene una sola persona condenada.

Es cierto, este es el “mejor país del mundo.”