Aunque se mostraron optimistas, en relación al fallo que dentro de pocos minutos pudiera darle el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, los imputados en el caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa albergan un temor en común: que el criterio político supere el jurídico.

“Yo estoy en manos de la Justicia y los políticos que hagan lo que quieran”, dijo Rondón.

En iguales términos se pronunció Díaz Rúa: “Si el expediente es jurídico no hay lugar y si es político veremos, porque sería un expediente lleno de errores e incoherente y nosotros lo demostramos, la opinión publica lo sabe”, dijo esta mañana en el tribunal.

Caso Odebrecht. Se recuerda que el caso Odebrecht es uno de los mayores en la historia dominicana vinculado a corrupción. Los acusados son el senador del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán Grullón; el exministro de Obras Públicas y miembro de la organización oficialista Víctor Díaz Rúa, y los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez Martínez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor).

Además, el exsenador y exdiputado miembro del PRM Roberto Rodríguez; el abogado Conrado Pittaluga, a quien el Ministerio Público acusa de ser testaferro de Díaz Rúa, y el empresario Ángel Rondón Rijo, a quien las autoridades señalan como el receptor y distribuidor de los 92 millones de dólares que la empresa admitió pagó como sobornos en el país entre 2001 y 2014.

Defensa versus Ministerio Público.  La defensa negó todas las acusaciones y solicitó que el juez desestime el contenido del expediente instrumentado por el Ministerio Público.   En un principio, en República Dominicana fueron acusados 14 personas, entre ellas seis de los siete acusados en la actualidad. A todos se les impuso prisión preventiva, aunque luego salieron mediante recursos judiciales.

Luego, la Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte un nuevo expediente acusatorio en contra solo de siete de los acusados.   Antes de que estos procesos avanzaran, Odebrecht llegó a un acuerdo con las autoridades locales por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos