La judicialización del denunciado caso de sobornos de la firma brasileña Odebrecht, trajo consigo una serie de elementos que ocuparán por mucho tiempo los principales titulares de los medios de comunicación del país.
La situación genera muchas interrogantes que tendrán que ser despejadas durante el proceso para beneficio de un país que, por influencias foráneas o no, pide un alto al estado de corrupción e impunidad que padecemos.
Sobre los resultados del proceso, la población no tiene muchas expectativas porque de los cinco jueces escogidos por la Suprema Corte de Justicia, tres tienen antecedentes de complacencia con varios funcionarios sometidos a la justicia por corrupción.
De los otros dos, damas de reconocida verticalidad, capacidad y honradez en el ejercicio de sus funciones, una pidió que la exoneraran de conocer el expediente, desde antes de ser designada, alegando amistad personal con uno de los mayores imputados.
Esa actitud afecta la confianza de la población en ella y no se descarta que sosteniendo los mismos criterios, pueda inhibirse de conocer el expediente de Víctor Díaz Rúa, señalado después del señor Ángel Rondón, como el mayor responsable en el expediente.
Solo la cantidad de adendas ilegales hechas a los contratos iniciales de obras que resultaron sobrevaluadas en sus costos, representan un expediente legal contra este señor y todos quienes participaron y aprobaron acciones que de acuerdo a especialistas, sobrepasan los 1,200 millones de dólares sustraídos al Estado.
En cuanto a Rondón, nadie cree que se limitó a cabildear obras para la Odebrecht. Su participación en los sobornos a funcionarios para ganar licitaciones amañadas y posteriores sobrevaluaciones, es un punto pendiente de demostrarse en la justicia.