El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) afirmó ayer que el caso Odebrecht ha puesto al desnudo, las grandes debilidades institucionales del sistema de control y fiscalización que tiene que operar en el país.
Rosalía Sosa, directora ejecutiva de la entidad, dijo que las grandes fortunas detectadas sin declarar a funcionarios, exfuncionarios, legisladores y exlegisladores vinculados con los US$92 millones de sobornos pagados por el consorcio brasileño, los incrimina también por el delito de inscripción de falsedad.
Ha sido mediante el rastreo y cruce de informaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos y la Cámara de Cuentas, que la Procuraduría General de la República, en las investigaciones del caso Odebrecht, pudo detectar los aumentos “desproporcionados” en los inmuebles de los arrestados, que hacen presumir son producto de los sobornos que recibieron.
“No se justifica que teniendo nosotros la Constitución y leyes como la 82-79, reforzada por la Ley 311-14 sobre Declaración de Patrimonio, un sistema de control interno y externo que incluye a la Contraloría; el Congreso, que tiene facultad constitucional para hacer las leyes y fiscalizar los fondos públicos; la Cámara de Cuentas, y el propio Ministerio Público, esto esté pasando”, dijo Sosa en entrevista para Hoy.
Entre los funcionarios arrestados o con órdenes de arresto pendientes por el caso Odebrecht que se les ha detectado un incremento significativo de sus fortunas y que han omitido bienes en su declaración jurada, están el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Temístocles Montás; los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán; y diputado Alfredo Pacheco.
Algunos de ellos, incluso, hicieron su declaración de Patrimonio mucho después de ocupar el cargo.
Hay que revisarse. La ejecutiva de PC dijo que, viendo todo eso en positivo, “tenemos que revisarnos a los fines de que el sistema de control y fiscalización en el país funcione”, señalando que los funcionarios públicos están para cumplir y hacer cumplir la ley.
Agregó que esas debilidades indican que además es necesario implementar el estado de derecho porque “lo que parece es que aquí, para las personas que tienen poder político, poder económico, influencia, amiguismo, las leyes se cumplen para beneficio de los particulares, pero perjudican el interés general, es decir, a la ciudadanía”, puntualizó diciendo Sosa.
Disposiciones de Ley. En su artículo 5, la Ley 311-14 establece que los funcionarios públicos obligados a declarar sus bienes, tienen que presentar su declaración de bienes y el de su comunidad conyugal, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión. Agregó que esto debe hacerlo cada vez que inicie el ejercicio de un cargo, o sea reelegido para un nuevo período.
El artículo 6 dice que igual deberán hacer 30 días después de cesar cargo.