La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Keila Pérez Santana, fijó hoy para el 27 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia para decidir si se revoca o se mantienen los archivos definitivos de ocho de los 14 implicados en los sobornos de US$92 millones pagados por Odebrecht para obtener obras.

El tribunal fijó la audiencia luego de ser apoderado del caso por el juez coordinador de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, tras ser apoderado de una instancia por la abogada Evelyn Torres, representante de la Fundación Alianza Ciudadana.

Los acusados en este caso son Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.

Audiencia pasada

Los incidentes y excepciones planteados el pasado jueves por los abogados de los seis acusados impidieron otra vez la lectura de la acusación formulada por el Ministerio Público.

La primera cuestión que motivó incidentes de parte de los togados fueron las medidas sanitarias adoptadas por el Poder Judicial para evitar contagios de covid-19, especialmente en lo relativo al tamaño de la audiencia y la cantidad de personas que debe acoger.

Los representantes de los acusados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Hernández y Conrado Pittaluga solicitaron a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que la audiencia fuera interrumpida hasta que el Poder Judicial tome nuevas medidas preventivas ante el hecho de que dos personas resultaron infectadas del virus.

Por otro lado, la defensa de Conrado Pittaluga alegó que el juicio no podía empezar hasta que fueran convocados los testigos y peritos o que, por lo menos, les fueran notificados a las partes el domicilio legal y contactos de estas personas. A este pedimento se sumaron las defensas de Ángel Rondón, Tommy Galán y Roberto Hernández.

A su vez, los abogados de Bautista solicitaron el sobreseimiento del juicio hasta tanto el MP concluya la nueva investigación que lleva a cabo por el caso (denominada Odebrecht 2.0) y presente acto conclusivo sobre esta última.

Miguel Valerio, defensor de Díaz Rúa, retomó desde el “aspecto técnico procesal” el tema de los archivos definitivos en favor de ocho investigados del caso al pedir que el tribunal ordene la extinción, archivo y rechazo de la acción contra su defendido, Víctor Díaz Rúa, ya que “la acción pública es una e indivisible y, por lo tanto, no se puede archivar para unos cuantos imputados y para otros no sin que haya ninguna repercusión”.