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QUITO — La excandidata presidencial peruana y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quedó en libertad ayer tras permanecer una semana en prisión acusada de un presunto plan para lavar activos durante la campaña del 2011.
El juez César Sahuanay, de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, dispuso la libertad de Fujimori al declarar nula la orden de detención de 10 días dictaminada por un juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria.
La excandidata estuvo detenida en la sede de la Prefectura de Lima. Otros inculpados también fueron liberados.
La hipótesis de la fiscalía señalaba que la lideresa de Fuerza Popular encabeza una organización criminal que tenía la finalidad de lograr el poder político en las instituciones del Estado.
Horas antes, Fujimori afirmó en el tribunal que “es importante señalar que este partido (Fuerza Popular) no es una organización criminal, ni otros partidos políticos, como ahora también se les está investigando. Solicito a ustedes señores magistrados tomar una decisión justa; sobre ustedes recae la posibilidad de poner fin a este atropello, y lo hago en nombre de mis hijas, de mi esposo, de mi familia y de las familias que se encuentren privadas de su libertad”.
El fiscal José Domingo Pérez investiga el caso de presunto lavado de 1,2 millones de dólares que Odebrecht presuntamente otorgó para la campaña presidencial de Fujimori en 2011.
La excandidata, quien ese año perdió los comicios ante Ollanta Humala, niega haber recibido dinero de la constructora brasileña y afirma que su detención es una persecución política de sus enemigos.
El expresidente Alan García (2006-2011), otro investigado por el caso Odebrecht, se mostró en desacuerdo con la detención de Fujimori.
En 2017, el juez Richard Concepción, que dispuso la prisión de Fujimori, también ordenó prisión por 18 meses para Humala (2011-2016) y su esposa, así como la captura del exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien se encuentra en Estados Unidos. Estos tres últimos casos también están vinculados a presunta corrupción con Odebrecht, empresa que corrompía a funcionarios a cambio de obtener importantes contratos.
Al igual que en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política vigente. La fiscalía investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta marzo de 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.
