Dentro del contrato social al que están adscritos los integrantes de una sociedad, el espíritu de cumplimiento de las leyes es vital para la permanencia del Estado.
Uno de los mecanismos para lograrlo es sancionar a quienes incumplan. De lo contrario, se corre el riesgo de que prevalezca el reino de la impunidad, como ocurre en República Dominicana.
Para muestra un botón: una parte del acuerdo al que han arribado la constructora brasileña Odebrecht y la Procuraduría General de la República manda un mensaje negativo.
Si el Gobierno se conforma sólo con cobrar el duplo de los 92 millones que, la empresa reconoció, pagó en sobornos, estaría transmitiendo la idea de que al robar, basta ir a la Procuraduría, hacer un acuerdo y pagar el doble de lo que se robó para quedar libre de todo delito y continuar operando.
De manera llana lo señalaba un mensaje que circulaba en estos días en las redes sociales: “con Odebrecht se ha creado un precedente jurídico de que si usted soborna o roba, pagando el doble del monto sustraído no tiene problemas, se lo fían a ocho años y no tiene que dar nombres de sus cómplices”.
Precisamente, para evitar mensajes como estos, es necesario que además de los daños materiales se repare el daño social, lo que se lograría cuando se identifique con nombres y apellidos los funcionarios y políticos que fueron sobornados.
Estas semanas hemos visto que en países como Perú, Colombia y el mismo Brasil, las investigaciones han avanzado mucho más rápido que aquí. Tanto es así que ya se han investigado, identificado y detenido funcionarios y exfuncionarios.
En el país las investigaciones han mostrado lentitud e incoherencias como pedir a los sospechosos que traigan ellos los documentos, en lugar de allanar, dándole tiempo para desaparecer legajos y fabricar otros, según conveniencia.
Por razones como esa, la investigación no cuenta con credibilidad ante los ciudadanos y, sin ánimos de lesionar la soberanía, haría falta que se repita el modelo empleado en 2009 cuando el Gobierno solicitó a Naciones Unidas una evaluación de las cementeras de Los Haitises y Luperón para tomar la determinación final de permitir o no su instalación.
Partiendo de esa exitosa experiencia, Danilo Medina, en su condición de Jefe de Estado, puede conformar una comisión de fiscales independientes acompañados por la ONU que investigue y someta a la Justicia a todos los relacionados con sobrevaluaciones y sobornos de Odebrecht desde el 2001 a la fecha.
Sólo así el resultado final de este caso contaría con la confianza de la ciudadanía, al tiempo que se haría lo que nunca se ha hecho contra la corrupción y la impunidad.