La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia recesó para mañana, a las 9:30, la continuación del conocimiento de los recursos de apelación presentados por 10 de los 14 imputados en el caso de los sobornos de Odebrecht.

La magistrada Mirian Germán Brito, quien preside el tribual, dijo que la citación para continuar con la audiencia ha sido dictada para todas las partes involucradas en el proceso.

La audiencia de hoy inició pasada las 9:oo de la mañana y concluyó a las 6:40 de la tarde, luego de la presentación de los presupuestos de la barra de la defensa del diputado y ex presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco Ozoria.

Durante el proceso, también intervinieron en la presentación de sus argumentos y conclusiones la defensa técnica de Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y secretario de Finanzas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y la de Máximo De Oleo Ramírez, exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

También la del ex ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, y la del ex diputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Los restantes imputados que expondrán mañana su criterio, a través de sus representantes legales, son el ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura; el abogado Conrado Pittaluga, el ex funcionario de la CDEE César Sánchez, y el empresario Ángel Rondón Rijo, este último acusado de ser la persona que recibía y distribuía los sobornos de la multinacional.

En sentido general, en las conclusiones de los abogados que lograron presentar hoy sus argumentos a favor de sus defendidos, pidieron la anulación de la resolución dictada por el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, que ordena la prisión preventiva de sus respectivos clientes.

Consideraron que la medida de coerción impuesta a los acusados de recibir sobornos de la empresa brasileña, viola todos sus derechos no valorados por el juez Ortega Polanco, tras indicar que cada uno de ellos se ha mostrado en la disposición de cooperar con el proceso.

De los trece acusados a quienes el juez Ortega Polanco le impuso coerción, no apelaron la medida los senadores Julio César Valentín y Tommy Galán, de Santiago y San Cristóbal, respectivamente, y el ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez.

Medida abusiva. Aunque no logró su intervención en el proceso de la audiencia conocida este jueves, el abogado Juan Antonio Delgado, quien representa al empresario Rondón Rijo, dijo que los abogados que hoy han intervenido ante los jueces del tribunal han puesto de «ridículo» la sentencia dictada por el juez Ortega Polanco.

Delgado explicó que este caso fue declarado complejo, razón por lo cual no es necesario que los imputados se mantenga guardando prisión preventiva durante el proceso de investigación.

Señaló que en el caso específico Rondón Rijo ha comparecido en todo momento ante las autoridades, además de que ha colaborado cuando se le requirió, por lo que la investigación puede continuar igual aún él estando en libertad.