BRASILIA (AFP).- A seis meses de las presidenciales brasileñas, la crisis política que acosa al gobierno de Luiz Inacio lula da Silva llegó a la justicia con graves acusaciones contra el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), acusado de montar una organización delictiva.

El procurador general de la república, Antonio Fernando de Souza, entregó al Supremo Tribunal Federal (STF) un informe de 136 páginas en el que afirma que el PT creó una “organización delictiva” para comprar el apoyo político de otros partidos, pagar deudas y costear campañas.

También denuncia que para esos fines fueron desviados recursos de organismos públicos y otorgados favores a quienes participaron.

El documento, enviado al STF, lleva a la Justicia la crisis que desde hace casi un año rodea al gobierno Lula y a su partido, y que había sido investigada hasta ahora en el ámbito del Congreso.

“El conjunto de pruebas producido en la presente investigación demuestra la existencia de una sofisticada organización criminal”, señala el informe. El informe del procurador (fiscal del Estado, nombrado por Lula) acusa a 40 personas, incluidos los más altos dirigentes del PT del momento y el ex todopoderoso ministro jefe de Gabinete, José Dirceu, a los que considera “núcleo principal de la banda”. También acusa de haberse beneficiado del sistema a parlamentarios de cinco partidos aliados.