BOGOTA, Colombia. AP. El fiscal general de Colombia ordenó el sábado una investigación preliminar contra el procurador a fin de intentar establecer si se extralimitó al destituir al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos durante 15 años.

El fiscal Eduardo Montealegre dijo ante reporteros que investigará al procurador Alejandro Ordóñez «para determinar si existe o no alguna violación de la ley penal», luego de que el pasado 9 de diciembre el jefe del ministerio público relevara de su cargo al alcalde Petro.

La investigación pretende establecer, entre otros aspectos, si Ordóñez incurrió en una «extralimitación de funciones» y si su dictamen fue proporcional a la falta cometida porPetro, toda vez que «otras personas que han incurrido en casos graves de corrupción en el país… se les ha impuesto una sanción menor».

El fallo de la procuraduría en primera instancia fue porque el burgomaestre cambió por decreto, en diciembre del 2012, el sistema de recolección de basura de la ciudad y por tres días hubo un caos sanitario en Bogotá, con desperdicios por toda la ciudad.

«En este momento se cuestiona por qué razón se le impone al alcalde de Bogotá una destitución e inhabilitación de 15 años por defectos en la contratación, no por un caso de corrupción o pérdida de dinero público», agregó Montealegre.

La investigación que adelantará la fiscalía, puntualizó Montealegre, tuvo su origen en una denuncia contra Ordóñez interpuesta por un ciudadano, cuya identidad no se reveló.

En el país son de conocimiento público las relaciones tensas entre el procurador y el fiscal por sus posiciones divergentes sobre temas como el proceso de paz que adelanta en Cuba el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, desde noviembre de 2012. Ordóñez se opone y Montealegre lo respalda.

El congresista del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda, celebró vía telefónica el anuncio del fiscal general y lo calificó de «trascendental», pues podría «arrojar resultados que pongan freno a esas acciones extralimitadas del procurador».

«Creo que sí es posible derrotar (penalmente) al procurador en esta cruzada que ha emprendido contra figuras muy destacadas en la vida nacional» como Gustavo Petro, consideró Cepeda, quien precisamente es investigado por Ordóñez por supuestas acciones de abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia.

El dictamen de Ordóñez desató manifestaciones públicas en solidaridad con Petro, quien como alcalde de Bogotá es el segundo funcionario de elección popular más importante del país, después del presidente, debido al peso poblacional de la ciudad, con ocho millones de habitantes.

Petro, un exguerrillero y exsenador de 53 años, desde el principio catalogó el fallo de la Procuraduría, apelable ante la misma instancia, como un «golpe de Estado» y una afrenta contra las negociaciones en La Habana que buscan poner fin al conflicto entre el estado colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El burgomaestre anunció en la víspera, a través de sus abogados, que esperaba viajar la próxima semana a Washington para exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.