SAN JUAN. EFE.  El debate sobre la pena de muerte se avivó en Puerto Rico ante la posibilidad de que la Fiscalía Federal pida la pena de muerte para seis policías municipales acusados de matar a golpes a un detenido en el año 2003.

Desde la familia de la víctima hasta el gobernador de la isla, Aníbal Acevedo Vilá, pasando por organismos de derechos humanos, han manifestado su oposición a la pena capital, que está expresamente prohibida en la Constitución de 1952.

Sin embargo, la autonomía de Puerto Rico está limitada por el estatuto de Estado Libre Asociado a Estados Unidos y en el caso de la justicia, los tribunales federales estadounidenses tienen supremacía en determinadas áreas sobre los de los estados.

Ante informaciones del Departamento de Justicia de EE.UU. que señalan que la Fiscalía Federal puede llegar a pedir la pena capital para los policías Eliezer Rivera, Juan Morales, José Pacheco, Carlos Pagán, Elías Periocer y Aaron Vidal, el gobernador Acevedo Vilá pidió que se respete la “idiosincrasia” puertorriqueña. “Aquí creemos en el castigo seguro al criminal, pero no creemos en la pena de muerte”.

Los padres del fallecido, José Antonio Rivera Robles, declararon  que no están de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte a los culpables de la muerte de su hijo. La Comisión de Derechos Civiles (CDC) subrayó  que “se opone tenazmente” a que los “acusados por cargos relacionados con la muerte de un ciudadano hace cinco años durante una intervención sean considerados para la pena”.