La Paz, (AP).- Pudo haber sido el crimen perfecto, con un botín de 450.000 dólares y ninguna denuncia, en vista de que era dinero mal habido.

Pero nadie contó con que la víctima se resistiría y terminaría muerta.

El episodio no solo culminó con un asesinato no buscado, sino que destapó la olla de un escándalo político en torno a una figura muy allegada al presidente Evo Morales en un año de elecciones.

El ex presidente de la compañía petrolera estatal Santos Ramírez ingresó a un penal de reos comunes el viernes, después que una juez ordenara su detención preventiva, según confirmó el director del penal de San Pedro coronel Ernesto Michel.

Un robo de 450.000 dólares seguido de asesinato de un empresario que tenía negocios con la petrolera estatal ocurrido el 27 de enero sacó a la luz posibles irregularidades que costaron el cargo a Ramírez y a otros nueve altos ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El empresario Jorge O’Connor, 37 años, recogió ese dinero de un banco en dos maletines y cruzó las calles de La Paz. En una modesta vivienda lo aguardaban los cuñados de Ramírez, pero cinco delincuentes le arrebataron el botín tras darle muerte en el pasillo de la casa y huyeron, según el informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crímen (FELCC).

La FELCC cree que se trató de un «volteo» de dinero. Es decir que los que estaban al tanto de la operación planearon un robo convencidos de que no los denunciarían porque se trataría de un soborno. La muerte del empresario, sin embargo, no estaba en los planes. La policía actuó rápidamente y detuvo en total a seis personas, vinculadas con el crimen, incluido un asistente de O’Connor y su chofer ese día. Las autoridades sospechan que fue él quien tramó el robo.

Uno de los detenidos reveló a la policía que el dinero era una coima para Ramírez. El caso destapó irregularidades en un millonario contrato en la estatal petrolera, la industria estratégica del país tras la nacionalización de los hidrocarburos que Morales decretó en mayo de 2006.

La fiscalía anunció el procesamiento de Ramírez y otras 16 personas, aunque oficialmente aún no presentó la demanda, por los delitos de cohecho pasivo (soborno), daños económicos al estado, uso indebido de influencias, asociación delictuosa y contratos lesivos. Entre los acusados hay dos cuñados del ex presidente de YPFB.

Morales destituyó a Ramírez y ordenó una investigación. El nuevo presidente de YPFB, Carlos Villegas, dijo que se investiga otros contratos en la estatal petrolera.

El consorcio Catler-Uniservice se adjudicó el año pasado con un dudoso contrato la construcción de una planta de gas licuado en el sureste del país por 86 millones de dólares y se vio obligada a subcontratar a otras empresas del extranjero.

De origen quechua, maestro rural y abogado, Ramírez era muy cercano a Morales, con quien compartió luchas políticas desde que ambos eran diputados por el Movimiento al Socialismo (MAS). Fue el artífice de la reforma de la ley petrolera que en el 2005 cambió las reglas para incrementar los ingresos del estado y eso lo hizo muy influyente en el MAS. En 2006 fue presidente del Senado.

El escándalo frustró a Morales, que pasa por un buen momento político tras la reciente promulgación de la Constitución con la que quiere «refundar Bolivia», y puede ser un obstáculo en su carrera por la reelección, aunque aún no ha confirmado su postulación para los comicios del 6 de diciembre.

Además, el caso mantiene en vilo a la audiencia por su ribetes de telenovela y trama policial.

En un estudio de televisión Ramírez planteó el divorcio a su esposa embarazada de gemelos para desligarse de sus cuñados un mes después de la boda, que apadrinó el propio Morales.

«Quiero confesar de corazón y quiero pedirle disculpas a la compañera que hasta el día de hoy he tenido. He tomado la decisión porque mi gran problema, y el país lo sabe, es esta relación que conecta a Santos Ramírez a partir de los hermanos de mi esposa», dijo Ramírez en la televisora PAT.

«A las cuatro de la mañana, decidí plantear el divorcio porque, pese al amor que siento por mi esposa, es más fuerte lo que siento por el pueblo y por el proceso de cambio».

«Mi defendida se enteró con mucho dolor de la decisión de su esposo, a través de la prensa», dijo la abogada Teresa Montaño que defiende a Jiovana Navia, segunda esposa de Ramírez.

Navia no ha sido acusada de nada, pero está siendo investigada y no se descarta que también se le radiquen cargos.

«Ya contraté a una abogada para hacer seguimiento del divorcio», declaró Navia, y dijo que no ponía «las manos al fuego» por nadie.

El gobierno destacó una comisión a Argentina y Estados Unidos para verificar el avance en la fabricación de equipos que encomendó Catler-Uniservice por las que la estatal petrolera adelantó 15 millones de dólares, según Villegas.

El escándalo cayó como anillo al dedo a la oposición en su afán de cerrar el paso a la reelección de Morales. Una comisión del Senado dominado por la oposición también investiga con énfasis en la administración de la petrolera estatal.

La empresa petrolera estatal no es un modelo de administración. En dos años y nueve meses tuvo seis presidentes, la mayoría políticos, y con frecuencia es blanco de críticas de la población cuando escasean los carburantes.

Ramírez ha negado las imputaciones y ha defendido el contrato para la planta de gas.

El ex presidente de YPFB ingresó al penal con un libro bajo el brazo: Conversaciones con Dios, la obra del místico Neale Donald Walsh.