CARACAS (AFP).- La investigación del asesinato del subsecretario de la Conferencia Episcopal venezolana en circunstancias aún no esclarecidas en un hotel de Caracas, enfrentó ayer, jueves, a la Fiscalía y a la Policía científica, y enturbió las relaciones del gobierno de Hugo Chávez con la Iglesia.

El Fiscal General, Isaías Rodríguez, desmintió al director de la Policía científica CICPC, Marcos Chávez, quien en la víspera señaló que el móvil del robo ganaba fuerza en el crímen del sacerdote Jorge Piñango y brindó detalles contradictorios con los revelados por el fiscal.

Rodríguez incluso advirtió que renunciaría “si se hacen algunas concesiones contra la verdad por parte del Gobierno, del ministro (del Interior, de quien depende Marcos Chávez), de la Policía, del vicepresidente, yo no tengo nada que hacer en la Fiscalía General (…) pongo mi cargo a la orden de la Asamblea Nacional si se hacen concesiones”.

La jerarquía de la iglesia católica había acusado el miércoles al fiscal de “criminalizar” al sacerdote muerto, por haber destacado en conferencia de prensa indicios de que existió una relación homosexual.

El fiscal hizo la advertencia al llamar por teléfono a un programa de la televisora oficial VTV en el que estaba siendo entrevistado el ministro del Interior, Jesse Chacón, y las reiteró en rueda de prensa.

“Espero que el fiscal siga siendo fiscal por el resto del periodo que tiene porque nosotros no hemos hecho ni haremos ningún tipo de concesiones en cuanto a la verdad, quien maneja los elementos para imputar es la fiscalía”, respondió Chacón.

El cadáver del padre Piñango, 47 años, denunciado como desaparecido desde el viernes cuando celebraba la graduación de un familiar, fue hallado el lunes en un hotel de Sabana Grande (centro-este de Caracas).

Piñango falleció por “asfixia mecánica causada por sofocación” y tenía hematomas en el pecho y la nariz, según la autopsia.

La Policía detuvo el miércoles a Andrés José Rodríguez Rojas, de 24 años, en un terminal terrestre de Caracas como presunto autor del crimen. Portaba una tarjeta de crédito del religioso, informó Marcos Chávez.

En sus primeras declaraciones, Rodríguez dijo que no mató al cura, reveló el fiscal.

Chávez señaló al robo como la hipótesis de mayor fuerza y dijo que Rodríguez tiene antecedentes y “se dedica a contactar a personas maduras del mismo sexo con el fin de divertirse y llevarla a hoteles para (consumar) relaciones íntimas”.

“Desautorizo al director del CICPC Marcos Chávez por informar sin autorización de su superior que soy yo”, replicó el fiscal.

Insistió en que “el móvil no está descubierto todavía, es irresponsable decir que fue el robo”. Precisó que 85% de las informaciones que él dio eran correctas y que podía haber sido desinformado a propósito por la Policía sobre ciertos aspectos.

“Allí hubo una concertación inicial para entrar a un hotel y después de entrar al hotel ocurrieron unos hechos y después pudo ocurrir el hurto (robo sin violencia)”, señaló el fiscal, que afirmó que el sacerdote “sin ninguna duda realizó actos que lo llevaron a esa muerte”.

Rodríguez insistió en llamar a “las cosas por su nombre” y aseguró que velará porque a la Fiscalía no “se le someta al chantaje o a la intimidación” y que no habrá manipulación ni humana ni Divina que altere esas investigaciones”.

El caso enturbió las relaciones entre la Iglesia y el gobierno, que atravesaban su mejor momento con el cambio de directiva de la Conferencia Episcopal ocurrido a finales de 2005, tras años de duros choques.

Rodríguez rechazó a su vez la condena de la Iglesia a sus declaraciones, que, dijo, las formuló para enfrentar declaraciones previas de dos monseñores, a quienes calificó de opositores, que culpaban al gobierno y a la inseguridad reinante de la muerte del sacerdote.