La defensora del Pueblo, Zoila Martínez, reveló hoy que ya tiene una oficina, la cual paga de su dinero, debido a que el local que consiguió todavía no está habilitado para instalarse.

Durante una visita hecha al Periódico Hoy, esta tarde, agregó que tiene tres oficinas para desempeñar sus funciones: una ubicada en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, otra que paga de sus ingresos personales y una última dentro de su residencia.

Precisó que a pesar de que ya encontró un local, ubicado en la calle Rosa Duarte esquina Pedro Henríquez Ureña, en Gazcue, no ha podido instalarse debido al estado de deterioro en que se encuentra.

Recordó que se había acordado que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se encargaría de la habilitación de la edificación, pero reiteró que la “casona”, como la había descrito con anterioridad, está en igual condición que cuando la encontró.

Martínez fue designada Defensora del Pueblo el pasado mes de mayo y espero cerca de tres meses para encontrar un local para la instalación de su oficina y en múltiples ocasiones que todavía no tenía local, por lo que tuvo que convertir su casa en una oficina y llamar a la población a ayudarla a encontrar un espacio amplio para poder instalarse.

Con respecto a las características del local, había dicho que una de las limitantes que le impedía conseguir el espacio para su oficina es que el adquirido debía ser un inmueble con por lo menos 15 parqueos y de entre 500 y 600 metros de construcción.

Establecimiento de oficina. El Ministerio de Administración Pública (MAP) es la institución encargada de la selección y contratación del personal que laborará en la oficina.

Esta entidad dispone de 50 millones de pesos, de los que una gran cantidad serán dedicados al establecimiento de la oficina.

Según la Ley que crea el Defensor del Pueblo. Esta figura es una autoridad independiente que no se encuentra sujeta a ninguna limitante más que la del apego a la ley.

Su objetivo esencial es salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, plasmadas en la Constitución de la República Dominicana.