WASHINGTON (AP).– Los delitos relacionados con los inmigrantes están desbordando los tribunales federales en la frontera con México y obligando a los jueces a atender muchos más casos que sus colegas de otras regiones.

Los jueces de cinco distritos judiciales de la frontera, en zonas mayormente rurales, tienen más trabajo que los de ninguna otra región del país. Los jueces de Nuevo México, el estado donde los magistrados tienen la carga más pesada, atendieron un promedio de 397 casos de delitos graves. El promedio nacional es de 84 casos por juez.

Los jueces federales de esos cinco distritos –Sur y Oeste de Texas, Nuevo México, Arizona y Sur de California– atendieron un tercio de todos los delitos graves juzgados en los 94 distritos judiciales federales de la nación en el 2005, según estadísticas de los tribunales federales.

El Congreso ha aumentado la cantidad de efectivos de la patrulla fronteriza, pero no el número de jueces, y los tribunales no dan abasto.

Los jueces dicen que deben atender demasiados casos que involucran a traficantes de drogas o indocumentados que cometen delitos graves.

«Hay una enorme necesidad de refuerzos. No pueden seguir aumentando el número de agentes de la patrulla fronteriza y no el de los jueces’’, sostuvo el presidente de los tribunales del distrito de Arizona John M. Roll.  El senador republicano de Nuevo México Pete Domenici propuso la adición de otros diez jueces en Arizona, Nuevo México y los dos distritos de Texas.  «Es una necesidad imperiosa’’, afirmó Roll.

Propuestas similares, sin embargo, no prosperaron en el pasado.

La demoras en los procesos se hacen sentir en todos los niveles del sistema judicial.

Durante una reciente campaña contra el ingreso de indocumentados, se planteó la posibilidad de que se suspendiese la deportación de indocumentados detenidos en la frontera y se los retuviese en el país para que fueran juzgados.

La idea era dejarle ver a los potenciales inmigrantes indocumentados que se exponían a ser juzgados en los tribunales estadounidenses si violaban las normas migratorias.

Los jueces de Nuevo México, sin embargo, tuvieron que recordarle a la patrulla fronteriza que no están en condiciones de procesar a los cientos de indocumentados que serían enviados a sus tribunales diariamente.

«Les dijimos, ‘¨se dan cuenta de que en una semana nos quedaríamos sin espacio en las cárceles?’’’, expresó Martha Vázquez, presidenta de los tribunales de Nuevo México.

«¨Qué haríamos con los asaltantes de bancos, con los violadores, con quienes violan las condiciones de su libertad condicional?’’, preguntó la jueza.

El proyecto fue descartado.

Se calcula que más de un millón de personas ingresan ilegalmente al país por la frontera con México todos los años. En Arizona, la zona de mayor tráfico de indocumentados, las autoridades estiman que unas 4.000 personas intentaron cruzar la frontera ilegalmente a diario en el 2006.

Muchos legisladores, activistas y el propio presidente George W. Bush apoyan reformas que incluyan un programa de trabajadores temporales y castigos para las empresas que contratan indocumentados. La idea es eliminar los incentivos que atraen a los indocumentados.

En los últimos años, sin embargo, el Congreso ha buscado formas de reprimir a los indocumentados, sin abordar los problemas de fondo.

La Patrulla Fronteriza tiene hoy 2.800 agentes más que en septiembre del 2001, cuando disponía de 9.821 efectivos. Desde mayo, reciben apoyo logístico de 6.000 soldados de la Guardia Nacional.

El Congreso asignó 1.200 millones de dólares para vallas, barreras para los vehículos, cámaras y otros equipos de seguridad.

Bush comentó que el tráfico de indocumentados se redujo en un 30% este año como consecuencia de esas medidas.

Pero ello es poco consuelo para los tribunales, que siguen sin atender todos los casos que les llegan.

Los jueces se las arreglan como pueden. A veces reciben ayuda de jueces de otros distritos. En Arizona, los magistrados trabajan los fines de semana y han llegado a atender 150 casos en un día.

En Nuevo México, la jueza Vázquez y el ex procurador David Iglesias participan en programas radiales en español que se escuchan en México y hablan sobre los castigos a que se exponen los indocumentados.

A los administradores de los tribunales les cuesta retener a los empleados, incluidos intérpretes, que se sienten abrumados por la cantidad de trabajo. Muchos sufren escuchando las terribles historias de inmigrantes que violan la ley en busca de una vida mejor en Estados Unidos.