WASHINGTON (EFE).- Las nuevas acusaciones de desacato a varios periodistas que rehúsan revelar sus fuentes, en un caso que podría llegar al Tribunal Supremo de EEUU, muestra el difícil equilibrio entre la libertad de prensa y la acción de la justicia.

   Según varios expertos consultados hoy por EFE, está en juego la armonía entre la independencia de los medios y la necesidad del Estado de poder usar a los periodistas como testigos en casos criminales.

   El juez federal Thomas Penfield Jackson declaró en desacato el miércoles a cinco periodistas que no quieren identificar las fuentes de una información acerca del científico nuclear Wen Ho Lee, quien en 1999 fue objeto de una investigación del FBI por posible espionaje y cuyo nombre fue filtrado.

   Se trata de los periodistas Joseph Hebert, de la agencia Associated Press; James Risen y Jeff Gerth, del diario «The New York Times»; Robert Drogin, del rotativo «Los Angeles Times», y Pierre Thomas, de la cadena de televisión ABC.

   Jackson impuso a los periodistas -que apelarán el caso- una multa de 500 dólares por día hasta que divulguen sus fuentes, pero suspendió la sanción mientras se dirime el caso en los tribunales.

   Si el proceso llega hasta el Tribunal Supremo sería el primero que analiza la máxima corte de EEUU desde 1972 sobre los privilegios de los periodistas.

   En aquella ocasión, el Supremo determinó que los periodistas no tienen el derecho constitucional de ocultar información confidencial si son llevados ante un jurado de investigación, que es el que determina si un caso merece llevarse a juicio.

   La orden del juez Jackson emana de una demanda que entabló en 2000 el científico del Laboratorio Nacional de Los Alamos (Nuevo México), contra los departamentos de Energía y Justicia, para obtener la fuente que filtró sus datos personales a los periodistas.

   Estos cinco periodistas se suman a otro grupo de informadores de varios medios, que han sido citados para declarar en el caso de la revelación de la identidad de una agente de la CIA por parte de altos cargos del Gobierno.

   El pasado día 9, el juez federal Thomas Hogan declaró en desacato al periodista Matthew Cooper, de la revista «Time», por negarse a dar testimonio ante un jurado que investiga la filtración del nombre de la agente.

   Hogan puso a Cooper bajo arresto domiciliario y multó a «Time», aunque levantó la sanción mientras se tramita la apelación.

   Ambos procesos preocupan a los defensores de la Primera Enmienda de la Constitución -que protege la libertad de prensa pero no necesariamente la confidencialidad de las fuentes- y complica la labor de los periodistas. 

   Los medios afectados han protestado al unísono la decisión de Jackson porque, arguyen, las fuentes anónimas a veces son la única forma en que se puede informar sobre ciertas noticias, especialmente las relacionadas con el Gobierno.

   Además, si los periodistas traicionan la confidencialidad de sus fuentes ponen en juego su credibilidad y perjudican su labor diaria «porque ya nadie querrá hablarles», dijo Lucy Dalglish, directora del Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa.

   Sin embargo, también se arriesgan a ir a la cárcel, como sucedió con algunos en la década de los años 70.

   «El periodista también debe evaluar si el caso merece el anonimato. Hemos creado una cultura en la que a veces las fuentes nos manipulan, nos utilizan como sus portavoces y, allí, el periodista debe trazar la raya», opinó Wendell Cochran, director del estudios de periodismo de American University.

   «Te puedes ahorrar problemas legales si respetas los principios éticos de la profesión y debes siempre sopesar la importancia de la información con el riesgo de violar las leyes o ir a la cárcel», agregó.

   La experta legal Jane Kirtley, de la Universidad de Minesota, explicó que la Primera Enmienda protege al periodista siempre y cuando no haya libelo ni información que suponga un «peligro inminente».

   «El problema es que no hay una ley federal que otorgue »privilegios» de confidencialidad de fuentes. Hay muchos interrogantes sobre cuándo proteger la confidencialidad pero no creo que convenga que el Supremo sea el que decida», observó.

   En total, 31 estados de EEUU y el Distrito de Columbia tienen leyes que dan protecciones limitadas a los periodistas.