POR GERMAN MARTE
BOCA CHICA.- A pesar de que en el país los hospitales no cuentan con medicinas y hay niños sin escuelas, los partidos políticos recibirán este año «por ley» RD$412 millones, algo considerado como «un abuso»  por el ex miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán.

Tras señalar que se trata de «mucho dinero», Castaños Guzmán afirmó que esa cifra crea una situación de privilegios de los partidos frente a los demás sectores, en cuanto a la asignación de recursos.

«Y eso en algún momento habrá que revisarlo, porque este es un país que si usted toma los indicadores de pobreza, eso es un abuso contra muchos planes que se quedan en el camino por falta de recursos», expresó Castaños Guzmán al participar como expositor en el seminario sobre Reformas Electorales Pendientes: Fortalecimiento del Sistema Electoral que organizó aquí el movimiento cívico Participación Ciudadana y que culminó ayer.

El ex miembro de la JCE deploró que mientras a los partidos se les asignan millones de pesos, el país tiene hospitales en «verdadera indefensión ciudadana».

Explicó que los RD$412 millones que la JCE debe entregar a los partidos este año están contemplados en la Ley Electoral que establece que en los años electorales se les entregará el 0.5% del presupuesto nacional, de lo cual el 25% se reparte en proporciones iguales entre todos los participantes en el proceso y el 75% se entrega en función de los votos obtenidos en las dos últimas elecciones.

Además de la asignación de RD$412 millones este año, la JCE gastará RD$450 millones en las primarias de los partidos el año entrante. En total, desde 1998 cuando se aprobó la ley Electoral vigente, el Estado dominicano le ha entregado a los partidos más de RD$2,000 millones.

Pero de acuerdo con Castaño Guzmán en algún momento habrá que llevar eso a un punto de racionalidad.  

Castaños Guzmán criticó además la forma de distribución de los recursos y que el mecanismo existente promueve la oligarquía partidaria, pues el que va acumulando más votos, cada vez acumula más recursos, lo cual -en su opinión- contradice el artículo 100 de la Constitución que condena «todo privilegio» y todo lo que tienda quebrantar la igualdad entre los dominicanos entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos y las virtudes.

Dijo que lo correcto sería que al menos el 50% se reparta en igualdad de condiciones entre todos los participantes.

«La forma como está concebida la financiación de los partidos fomenta la desigualdad y la oligarquía de los partidos y cada vez va estableciendo un régimen más injusto y excluyente», recalcó.

En cuanto el uso de los recursos del Estado por parte de los partidos en el gobierno, Castaños Guzmán dijo que es un delito expresamente prohibido por la Ley Electoral en su artículo 47 que dice «se prohíbe a los partidos, a sus dirigentes y militantes recibir exoneraciones, donaciones o regalos de parte de cualquier poder del Estado o de los ayuntamientos.”

Dijo que la ley faculta a la JCE para que tome medidas cautelares como sería anular cualquier operación, incautar provisionalmente o tomar cualquier medida con el auxilio de la fuerza pública para hacer cesar de inmediato el uso de recursos y bienes del Estado.

«Hasta el momento, no ha habido ninguna ocasión en que la JCE haya tomado medidas cautelares para regularizar el uso de recursos del Estado en campaña política», sostuvo.

También señaló que el Código Penal tiene califica como desfalco la apropiación por parte de cualquier funcionario de dinero, propiedad, suministro o valor para destinarlo a unos y fin distinto a aquel para lo cual le fue entregado o puesto en sus manos.

Y explicó que la violación a ese artículo conlleva pena de reclusión de dos a cinco años -que es una pena criminal, aflictiva y difamante. Además, se establece una multa por el triple del monto con que el Estado ha sido afectado.

Cuando se crea una «nominilla» para solventar y pagar nóminas de activistas políticos eso es una malversación de fondos públicos, es una desvío de fondos públicos, «y en nuestro viejo Código Penal eso sería un desfalco propiamente hablando».

No obstante, dijo, nunca nadie se ha querellado por estos delitos.

Dijo que basándose en el artículo 111 de la Ley Electoral,  cualquier organización que se sienta afectada por el uso de los recursos del Estado por el partido en el gobierno,  puede hacer la denuncia ante cualquier juez y podría obtener que un tribunal emita una sentencia en ese sentido.

«Es decir, más que una indefensión, propiamente dicho, lo que hay es falta del uso de los medios que la propia ley pondría en manos de los actores políticos en un momento determinado.

Lo demás, sostuvo, es quejarse «en cada elección tenemos la misma queja desde 1962», eso es un mal consuetudinario, pero nunca nadie ha llevado eso como un recurso oficial.

Expresó que en cada campaña se repite la práctica de que el partido en el gobierno usa los recursos del Estado a su favor, lo cual genera la queja de los opositores.