Castaños dice Estado pierde autoridad

Castaños dice Estado pierde autoridad

POR GERMAN MARTE
La negativa de la mayoría de los funcionarios a declarar sus bienes, a pesar de que así lo establecen una ley y un decreto, es una muestra de que el Estado dominicano ha perdido su autoridad, afirmó ayer la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la entidad, dijo que la actitud de la mayoría de los funcionarios públicos de no declarar sus bienes, es una burla a la sociedad y un desafío a la autoridad del presidente Leonel Fernández.

“Ellos están desafiando a la jerarquía, es decir, al primer magistrado de la nación, y eso debe llenarnos de preocupación”, manifestó Castaños Guzmán.

El vocero de Finjus lamentó que no haya un régimen de consecuencias para aquellos que violen las disposiciones legales.

Indicó que hay una ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que establece sanciones de carácter administrativo para los funcionarios que no declaren sus bienes.

Entre las sanciones contempladas en estos casos figuran desde la amonestación hasta la suspensión del nombramiento.

El presidente de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, José Joaquín Bidó Medina, denunció el fin de semana que sólo 79 funcionarios han hecho la declaración jurada de bienes tal como establece el decreto 287-06 emitido el 17 de julio pasado. Dijo que la mayoría de los funcionarios son renuentes a declarar sus bienes.

Al respecto, el vocero de Finjus consideró que debe haber –ante todo- una sanción moral, porque eso es lo que reclama la sociedad, “yo creo que el Depreco (Departamento para la Prevención de la Corrupción Administrativa) debe publicar la lista de todos aquellos congresistas que no lo han hecho aún cuando su período está concluyendo”.

Y también, agregó Castaños Guzmán, debe publicar los nombres de los funcionarios que desde el Ejecutivo no han cumplido con la ley, a lo fines de que ya que desde el Estado no se están estableciendo responsabilidades, que sea la sociedad que rechace, de manera pública, la conducta de los funcionarios que han venido violando la ley.

Indicó que históricamente el sistema de rendición de cuentas ha sido deficiente, porque no se establece que quienes violenten esa norma sean sometidos a la justicia.

El vicepresidente de Finjus abogó por una modificación de la ley de declaración jurada, para que todo aquel que no cumpla sea sancionado con la destitución y con disposiciones penales.

En su opinión, la renuencia de gran parte de los funcionarios públicos a declarar su patrimonio es una falta de respeto, no sólo a la sociedad, sino también al Estado.

Dijo que el objetivo de la Ley de rendición de cuentas es transparentar la gestión pública, dándole la oportunidad al servidor público de que cuando salga de un cargo nadie lo pueda señalar.

Significó que aquellos funcionarios que no cumplen con la disposición, están dañando a quienes sí cumplen, pues la gente tiende a “meter en un mismo saco a todo el mundo”, lo cual no es justo.

De ahí, subrayó Castaños Guzmán, la necesidad de que se publique el listado de los funcionarios que no han declarado sus bienes.

Favoreció que el presidente Fernández establezca sanciones contra los funcionarios que incumplan la ley, incluso –dijo- si es preciso que los destituya, por poner al mandatario en una situación “tan vergonzante”.

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