El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, sostuvo  este jueves que desde el Estado se protege la corrupción y que esa situación ha creado una «grave» confusión entre los ciudadanos sobre las instancias que deben prevenirla y sancionarla.

Agregó que debido a esa situación, la percepción entre el ciudadano común es de que las normas vigentes no son lo suficientemente efectivas para sancionar la corrupción.

Castaños Guzmán sostuvo que ante esa situación es necesario que el país se aboque a una  «perestroika» desde arriba hacia abajo en las instituciones del Estado para que no se constituyan en soporte y protección de la impunidad contra la corrupción. El vicepresidente de FINJUS se expresó en estos términos al participar como moderador  de la «Mesa Redonda sobre Cultura Cívica de Transparencia»  celebrada este jueves en el salón de actos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) con los auspicios de la institución de dirige y donde funcionarios del Ministerio Público y abogados en ejercicio analizaron  las implicaciones jurídicas de las figuras del desfalco y la prevaricación en los esfuerzos de promoción de la transparencia en la administración pública y su incidencia en una eficaz sanción de la corrupción.

Castaños Guzmán advirtió que de no corregirse esta situación en el país se podría originar una ola de reacciones de consecuencias impredecibles y confió en que el proyecto de Código Penal que estudia la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en dos lecturas por el Senado, se definan y establezcan claramente las instancias para sancionar penalmente la corrupción en todos los niveles.

De su lado, el presidente del Consejo de Directores de FINJUS, doctor Georges Santoni Recio, destacó la importancia de que de que se profundice en los aspectos jurídicos de los tipos penales del desfalco y la prevaricación y sus implicaciones en los esfuerzos de promoción de la transparencia en la administración pública y su incidencia en una eficaz sanción de la corrupción.  Indicó que el objetivo principal de FINJUS es analizar, desde el punto de vista jurídico, importantes aspectos relativos a la tipificación, investigación y sanción de delitos penales en los que el bien jurídico lesionado es el erario público.

 Agregó que «del mismo modo, pretendemos propiciar las condiciones adecuadas para que las organizaciones de la sociedad civil analicen el alcance y limitaciones de las acciones e iniciativas emprendidas desde el sistema judicial a favor de la lucha contra la corrupción, a fin identificar oportunidades y asumir los retos que conlleva el fortalecimiento del rol de las instituciones del sistema de justicia para vencer el fenómeno de la corrupción y la impunidad».

 «En adición a lo anterior y en el entendido de que el desfalco y la prevaricación constituyen tipos penales que no han sido suficientemente tratados en nuestra legislación, su revisión y adecuación debe ser un punto prioritario en la agenda de los trabajos de modificación del Código Penal que actualmente realiza una comisión especial de la Cámara de Diputados, a fin de esta modificación responda a los postulados modernos que inspiran el derecho penal y procesal penal y haga posible la persecución y sanción de ilícitos que se constituyan en actos de corrupción especialmente vinculados con el ejercicio de una función pública», añadió Santoni Recio.

  Aseguró que «en FINJUS estamos comprometidos con el estudio y el debate de temas jurídicos cardinales, como los que hoy abordaremos, para asegurar la impartición de justicia y consolidar el derecho, facilitando el imperio de la ley en nuestro país y que estimulen al sistema de justicia a enfrentar con responsabilidad  la creciente ola de actos de corrupción que pretende hacer doblegar las instituciones democráticas».

 En el panel, moderado Castaños Guzmán, participaron también el doctor Octavio Líster, Procurador General Adjunto y Director del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) y los abogados Gustavo Biaggi y Ramón Núñez, quienes reflexionaron y profundizaron sobre los mecanismos legales e institucionales que permitan a la sociedad dominicana tener la seguridad de que los delitos de desfalco y prevaricación serán sancionados en base a las reglas del debido proceso

  Para la FINJUS, decisiones como la adoptada en el Caso Renove revelan la necesidad de relanzar y profundizar la reforma judicial, de forma que el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia sirvan efectivamente para vencer el fenómeno de la corrupción y la impunidad.