POR LEONORA RAMÍREZ S.
No sería recomendable que el Estado dominicano desacate la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual condenó al país al pago de una indemnización por haber violado los derechos de dos niñas de origen haitiano, pero debe expresar su total desacuerdo con las motivaciones de esa sentencia, consideró el jurista Julio César Castaños.

Al advertir algunas fallas en los argumentos presentados por los demandantes, expresó que la decisión de ese tribunal quizás esté basada en el prejuicio, por lo que no se puede aceptar ese fallo  ya que «nos presentaría como un Estado xenófobo, conculcador del derecho de igualdad, de la nacionalidad, y eso es absolutamente falso y no fue demostrado en el proceso».

A partir de esa sanción la República Dominicana debe definir su política respecto a la migración haitiana, y en ese contexto asegurar la supervivencia de la nacionalidad y el Estado dominicanos, refirió.

Según la sentencia de la CIDH, entidad que tiene sede en Costa Rica, el Estado debe compensar a Dilcia Yean y Violeta Bosico con US$20,000, y pedirles disculpas en un acto público por haberles negado actas de nacimiento.

Consultado sobre el mismo tema, el excanciller Hugo Tolentino Dipp manifestó que la República Dominicana nunca debió formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no van a cesar las demandas de ese tipo.

«El país debe buscar fórmulas que resuelvan el estatus de los hijos de haitianos nacidos aquí, eso hay que enfrentarlo en términos realistas, no con interpretaciones torcidas de la Constitución, es preciso darle un corte a ese problema, resolver el pasado y el futuro».

LOS FALLOS DE LA SENTENCIA

Respecto a los argumentos utilizados por la defensa de Yean y Bosico, Castaños refirió que la demanda que dio origen a la sentencia carecía de objeto, porque las actas de nacimiento fueron entregadas a los peticionarios en el año 2001.

«Tampoco se les conculcó el derecho a la igualdad, ni hubo ningún tipo de discriminación, ya que, el régimen para las declaraciones tardías –que era el caso—se inicia y es igual en su aplicación, a todos los nacidos en el territorio nacional».

Asimismo, resaltó que los demandantes no agotaron, en la procura de las actas de nacimiento, todos los recursos internos que,  son imprescindibles, para la admisibilidad de la demanda.

Castaños, quien representó al Estado dominicano en la audiencia realizada el 14 y 15 de mayo del 2005 en Costa Rica, expresó que no es cierto que Yean y Bosico tuvieron que suspender la escolaridad por falta de documentación, ya que la directora del liceo donde estudiaban presentó ante el tribunal las pruebas de que habían completado más de un curso.

«También es falso que en algún momento las niñas fueron apátridas, en razón de que en ese caso en particular, de no ser dominicanas, serían en todo caso haitianas, porque  la Constitución de Haití otorga nacionalidad a los hijos de sus nacionales, independientemente del lugar de su nacimiento».

MODIFICAR POLITICA MIGRATORIA

Según Tolentino Dipp el pa_ís debe buscar fórmulas que resuelvan el estatus de los hijos de haitianos nacidos aquí, «eso hay que enfrentarlo en términos realistas, no con interpretaciones torcidas de la Constitución, es preciso darle un corte a ese problema, resolver el pasado y el futuro».

Al destacar que todo el mundo sabe que la complicidad entre dominicanos y haitianos permite la entrada ilegal de los ciudadanos del vecino país, por la falta de controles en la frontera, dijo que ese problema hay que enfocarlo desde el origen, porque todo está relacionado con el tráfico ilegal de haitianos.

«Conociendo el problema domínico-haitiano, y todo el conjunto de circunstancias que existen alrededor del mismo, lo primero es que nunca debimos formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque eso va a volver, eso no va a cesar, lo que el Estado dominicano debe hacer es aclarar que no está en la disposición de violentar los derechos de humanos de los inmigrantes.

«El país tenía la opción de no pertenecer a esa instancia, porque constantemente organizaciones no gubernamentales y otras entidades nos acusarán de violentar los derechos humanos de los haitianos, que son hechos aislados».

Sobre las implicaciones de no cumplir con la sentencia del citado tribuanal, Tolentino Dipp dijo que el caso podría ser llevado a otras instancias internacionales.

El excanciller consideró que es indudable que existe una campaña en contra de la República Dominicana, relacionada con enfrentamientos entre dominicanos y haitianos  en la zona fronteriza, por lo que consideró que entre República Dominicana y Haití debe primar la concordia.

«Talvez nosotros nos excedimos un poco hablando tanto de los sucesos en los que los haitianos participaban, quizás la prensa debe medir un poco la forma en que presenta sus informaciones, tenemos que tomar las cosas con cierto equilibrio, y no crear actitudes xenofóbicas.

Sin embargo, destacó que la República Dominicana no puede seguir aceptando la ilegalidad de los haitianos, «eso no es posible, aunque se están haciendo esfuerzos se debe ir al fondo enfrentando el tráfico ilegal».