POR MANASÉS SEPÚLVEDA
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Max Puig, dijo ayer que se tomarán medidas adicionales contra las empresas que importaron rockash. «Hasta ahora las empresas que fueron condenadas administrativamente a extrañar el material del país no lo han acatado y la secretaría de Medio Ambiente tomará medidas adicionales para obligar a que se cumplan», dijo Max Puig.

Dijo que avisará  a las empresas cuales serán las medidas.  «No hay nada que tranzar.  La ley fue violada, el material fue introducido ilegalmente a la República Dominicana, un funcionario autorizó esa introducción sin tener facultad para ello», explicó.

Dijo que el funcionario firmó la autorización que no tenía facultad para ello porque la ley 64-00 tipifica el delito ambiental y no sólo condena al depredador sino al funcionario que por acción u omisión  permitiera la comisión del delito.

Por otra parte destacó que la nueva concepción del Estado es normativa, establece reglas orienta y no el Estado interventor que todo lo hace y lo produce. 

En República Dominicana todavía no estamos acostumbrados a esa nueva visión», señaló.

Puso como ejemplo el caso de la disposición de los residuos sólidos donde la ley fija normas generales y la secretaría ha establecido toda una serie de normas específicas de cómo debe ser manejada la disposición de los desechos sólidos.

Dijo que en ese caso los que tienen que disponer los desechos son los ayuntamientos.  «En  la medida en que el Ayuntamiento es deficiente en el cumplimiento de esa obligación, inmediatamente se dice que es la Secretaría», dijo.

Señaló que en esos casos se han buscado medidas alternativas como por ejemplo la Secretaría  junto a la Cooperación Alemana a estado creando las Unidades de Gestión Ambiental Municipal, que son unidades especializadas para realizar la disposición de desechos sólidos con cierto criterio.

Respecto a la isla artificial que se pretende construir dijo que la ley fija en qué casos por la magnitud de la intervención no se necesitan permisos, pero frente a una obra de esa magnitud se necesita.

«La ley dominicana exige estudios de impacto ambiental para proyectos públicos y privados», dijo.

Expresó que tienen que realizarse estudios de fondo para realizar ese proyecto.

SEGUNDA FASE

Max Puig dijo también que con el gobierno actual se entra a la segunda fase dentro del proceso de construcción de la secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que es cierto que muchas de sus disposiciones no se han cumplido y citó el ejemplo del Consejo nacional para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y el Fondo Nacional para el Medio Ambiente no se han establecido.

Dijo que se está trabajando en el Fondo que es fundamental pero en los pasado cuatro años no se pudo constituir por diferentes razones.

«Todo el sistema administrativo de gerencias y subgerencias por cuencas hidrográficas que es lo que se sugiere a nivel internacional hasta ahora se ha establecido, eso no quiere decir que la secretaría de Medio Ambiente no haya cumplido una buena parte de su cometido», dijo.

Explicó que la ley que la Secretaría de Medio Ambiente desarrollará sus actividades sobre la base de una política abierta, democrática y participativa, en la cual debe ser constituido el consejo.

Dijo que el consejo debe estar compuesto por sectores académicos, de la sociedad civil que deben trazar la política ambiental.  «Nosotros esperamos que en este año quede establecido el consejo», dijo.

Respecto al Fondo Ambiental dijo que cree que debe estar compuesto por personas o instituciones que estén por encima de contingencias partidarias y de la coyuntura del momento y que esté por encima del incumbente de la cartera.

Expresó que la aprobación del TLC provoca cambios notables en la agricultura un desmonte en la producción de ciertos artículos.  «Hay que irse preparando y creando las nuevas fuentes de producción de exportación.  La madera y los frutales son rubros dentro de los cuales la República Dominicana puede ser competitiva.  Hay que pensar en función de la reestructuración de la economía nacional», dijo.

Expresó que los incentivos fiscales son importantes desde el punto de vista de la conservación, y penalizaciones a las empresas que no sean amigas de la naturaleza.

Reveló que en el país ya hay más de doscientos planes de comanejo, 250 fincas de diferentes  tamaños y hay un municipio que puede ser llamado forestal en Restauración Dajabón.

Dijo que se está estudiando que cada finca que tenga plan de manejo tenga una tarjeta de débito forestal donde queden registradas todas las operaciones.