Hoy 
POR PEDRO GERMOSEN
El Poder Ejecutivo apoderó al Senado de un proyecto de ley contra el polizonaje que castiga a los polizones y a los grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de migrantes con penas de tres a 10 años de reclusión y multas de 150 a 250 salarios mínimos del sector público.
La pieza advierte que con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), se hace necesario redoblar los esfuerzos a fin de que el comercio sea más rápido, efectivo y sin trabajas y, especialmente, dentro de completa seguridad.
Un párrafo del primer artículo dispone que la muerte o lesiones de un polizón a bordo de un buque o contenedor, será responsabilidad exclusiva de ese violador de la ley, a menos que quien invoque la responsabilidad de los propietarios u operadores de la nave pueda demostrar esa vinculación.
El párrafo II establece penas de seis meses a dos años de prisión y multas no menor de cinco a 20 salarios mínimos al autor del delito de polizonaje, «sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan.»
Para los casos graves, advierte, las penas serán de tres a 10 años de reclusión y las multas de 150 a 250 salarios mínimos.
«Los que participen como cómplices en la comisión del delito de polizonaje serán objeto de igual pena a la que se les imponga a quienes resultaren autor o autores del hecho», señala el artículo tercero.
Entre las circunstancias agravantes la legislación señala el que los violadores sean servidores públicos o miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Asimismo, cuando los infrinjan la ley sean funcionarios o empleados de las compañías privadas que ofrecen los servicios de seguridad en el puerto.
También cuando el capitán o algún miembro de la tripulación del buque haya participado en la comisión de los hechos, así como cuando se trate de un grupo delictivo que pueda definirse como organización nacional o transnacional, dedicado al tráfico ilícito de migrantes.
Resalta la importancia del sector marítimo para la economía nacional, ya que el 80 por ciento del comercio, expresa, se realiza por vía marítima. En consecuencia, plantea, es deber del Estado crear las bases y los medios que faciliten el desenvolvimiento de ese comercio en beneficio general del país.
«La eficiencia de todos los actores de la cadena logística de comercio y de transporte, es de vital importancia para elevar nuestros niveles de competitividad comercial e industrial», resalta uno de los considerandos del proyecto.
Señala que el polizonaje afecta el comercio marítimo y la competitividad de los puertos, toda vez que genera gastos y demoras adicionales a la planificación, y pone en riesgo la vida de dominicanos, cuya integridad es deber del Estado preservar.
Indica asimismo que es necesario un marco legal que garantice la eliminación de prácticas que van en desmedro de ese entorno armonioso y seguro que requieren los puertos como base indispensalbe para el comercio.
